El jueves nos desayunamos con una ominosa noticia: el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong designó a Eduardo Guerrero Durán como Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). Aquí, en el pasado reciente, ocupaba el cargo homólogo en la Fiscalía General del Estado. Coloquialmente era el carcelero en Chihuahua. Su ascenso está ligado a la reciente fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. A falta de los deseados ascensos de César Duarte, Guerrero Durán escala en el aparato policiaco y penitenciario del gobierno de Peña Nieto y no se perdió la oportunidad para deslizar la idea de que se trata de un reconocimiento a los chihuahuenses en esta materia, tan cuestionada de la administración pública en todos los confines del país.

Al escribir estas líneas, tengo a la vista el discurso de Osorio Chong que comenta y exalta las virtudes del insurgente José María Morelos y sus Sentimientos de la Nación. Nos habló, de los dientes para afuera, del valor del diálogo y el entendimiento, pero el discurso real, el de los hechos, nos habla de todo lo contrario, si relacionamos el nombramiento de Guerrero Durán. Para mi está claro, y creo que también para buena parte de los observadores de la vida pública de Chihuahua, que no fue el entendimiento que nos remite a la aplicación de la racionalidad lo que se tomó en cuenta para designar al jefe de las prisiones federales, pues si tal hubiera sido, se debió tener en cuenta cómo se administraron como negocio los Ceresos que dependen del gobierno local, a través de un esquema piramidal que permitía traslapar los jugosos negocios a una función pública de antaño negligida y sobre todo convertida en un andamiaje de la degradación humana, cosa que seguramente tiene sin cuidado a este tipo de personajes que llegaron a la función pública para vertebrar jugosos negocios.

Hagamos un recuento de la información que circuló a través de este mismo medio y que desde entonces quedó como muestra de ese cáncer que se da en la esfera de la administración que menciono. En efecto, fue El Heraldo de Chihuahua (en la pluma de David Piñon) el que nos dio cuenta de las corruptelas que sumariamente paso a sintetizar:

Carlos Manuel Salas como titular de la Fiscalía General del Estado heredó al tolerante Jorge González Nicolás los negocios que Eduardo Guerrero Durán realiza desde esa institución con el propio gobierno para el que labora. Los datos revelados por el rotativo en mención son que la empresa de seguridad privada, Safe It, propiedad de Guerrero Durán, opera otras como Escoltas Especializadas Privadas, orientada al servicio de guardaespaldas para particulares; Productos y Soluciones Ecológicas (PROSESA) de limpieza de oficinas y fumigación; y CAYIT, de comercialización de equipos de seguridad como monitores, cámaras y teléfonos, todas las cuales forman parte del Grupo SEINCO (Servicios Integrales Corporativos), que obtuvo en “adquisición directa”, sin mediar concurso, dos contratos más con la propia Fiscalía General por alrededor de 10 millones de pesos, aparte de los contratos conseguidos para el Aeroshow, la Feria de Santa Rita y el Vivebús.

Se trata de dos contratos que la empresa del entonces director de los Ceresos del estado consiguió entre 2012 y 2013 para dotar de guardias de seguridad a la propia dependencia para la que trabaja. En el primer contrato, informó El Heraldo a finales de abril de 2014, Safe It cotizó el servicio en 8 mil 771 pesos por mes por cada guardia destinado a prestar servicio a la Fiscalía, en adjudicación directa; en el segundo contrato, en el 2013, Safe It destinó sólo dos guardias más, pero el pago de la Fiscalía fue de 2 millones de pesos más que el primer convenio; es decir, cotizó cada guardia en 12 mil 500 pesos al mes.

El mismo medio publicó ese mes que según datos públicos de Chihuahua, el funcionario estatal (por ese entonces director de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales de la Fiscalía General del Estado) y su esposa en dos años han comprado propiedades en Juárez por el orden de los 2.4 millones de pesos y que la primera transacción data del mes de junio de 2011, en el fraccionamiento La Muralla, que fue adquirida por 1.5 millones de pesos, inscrita con el número 65, con folio 67 en el libro 4896. La segunda, se informa, data del 19 de abril de 2012 y es por 900 mil pesos, por otra vivienda en el Residencial Florencia”.

Eduardo Guerrero está vinculado, por omisiones en la seguridad que vendió al gobierno local, a la tragedia del Aeroshow, donde 9 personas murieron y muchas otras resultaron heridas con consecuencias de por vida. Según Don Mirone, la columna de El Norte de Juárez, “en la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General del Estado, tras la tragedia del 5 de octubre de 2013 en El Rejón, bajo el número 15822-2013, se establece que la agrupación Espectáculos Extremos de Chihuahua contrató los servicios de Safe It por un monto de 1 millón 5 mil 717 pesos para la asignación de 80 guardias privados, cuya función sería la de dar seguridad al evento, días antes y un día después del 6 de octubre”.

Pese a conseguir certificaciones con empresas estadounidenses para darle el falso brillo de la seguridad a las cárceles a su cuidado, el nuevo funcionario que el cacique de Chihuahua recomendó a Osorio Chong está también involucrado en la sospechosa muerte de Enrique Jiménez Zavala, El Wicked, supuesto homicida de Marisela Escobedo, y cuyo deceso en el penal de San Guillermo, municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua, sacó a flote las rencillas internas entre el funcionario y su superior, el fiscal González Nicolás, quien decretó finalmente que El Wicked fue estrangulado por Jaime Noel Cuevas Baeza, su compañero de celda y colega en una banda criminal.

Conjeturalmente, informaciones que saltan de columna en columna, el nuevo baluarte peñanietista en temas penitenciarios, es el mismo que le vendió a través de sus empresas privadas al gobierno federal los brazaletes electrónicos de vigilancia para los penales federales. Y uno de estos artefactos es el que traía puesto el El Chapo Guzmán a la hora de su fuga el pasado 11 de julio del penal del Altiplano. La sincronización corrupta de este gobierno se completa al saberse que Eduardo Guerrero suple en la OADPRS a Juan Ignacio Hernández Mora, destituido precisamente tras la fuga de Guzmán Loera. Ojalá y no aplique la declarada política penitenciaria duartista de que en Chihuahua las cárceles son “de cinco estrellas”.

Con “hoja de servicios” tan cuestionable, Osorio Chong hace un nombramiento que aquí se tiene artificialmente como timbre de orgullo. Bien miradas las cosas, no nos queda otra que poner al influyente secretario de Gobernación bajo fundada sospecha de estar en un tinglado mayor de lo que se evidencia en el desempeño de Guerrero Durán en Chihuahua. Pero no es nuevo. En manos del hidalguense están al menos dos denuncias por violaciones al Estado laico perpetradas por César Duarte a las que no se les ha dado seguimiento alguno. En otras palabras, el encargado de la política interior (no la hay más propia que la que respeta a la Constitución y sus principios), actúa con extrema facciosidad y, en el caso que me ocupa, graduando con un cargo de mayor nivel a quien, si tiene antecedentes a tomar en cuenta, sería solamente para descartarlo de una función a la que llegó para medrar. Así es el gobierno de Peña Nieto, solapador de la corrupción, y para ello la emplea como sinónimo del poderoso cemento que compacta la pesada losa que oprime a la sociedad mexicana. No hay duda, el ascenso de Eduardo Guerrero confirma, y con creces, que el crimen sí paga.

11 septiembre 2015