Malos vientos nos llegan de la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua. Vientos de violación a los derechos humanos y que traen también las muy acostumbradas marcas del racismo. Algunos medios de información dan cuenta, con gran nebulosidad, de una redada de mujeres; las llaman “meretrices” porque para esa prensa las otras palabras son “malas” palabras, fuertes e impronunciables.

Realizar razzias, lanzar indiscriminadamente la acción de la policía o la autoridad, la que sea, contra todo aquello que se mueva, transgrede. No tiene ni caso abundar sobre el divorcio absoluto de esas acciones con la Constitución y las leyes. Quien haya organizado y realizado estas acciones –el municipio o el estado– está abusando de sus facultades y vulnerando la dignidad de las personas, porque nunca escopetazos de este tipo le hacen bien a nadie y sí tienden a estigmatizar la vida de la gente. Que eran las capturadas dedicadas a la prostitución, nos llevaría a un horizonte de problemas mayores, empezando porque esa actividad la protege y la alienta la autoridad misma, la sociedad en su conjunto y los individuos que se sirven de esa esclavitud. Nunca he visto que se organice una redada contra los consumidores de este servicio, desentendiéndose de que si alguien ejerce la prostitución son dos, y hasta más, los partícipes de la misma. Pero es la mujer la que carga el estigma, luego los homosexuales, los trasvestis y demás.

Pero en esta ocasión la ventisca es más grave: la prensa resalta que el 50 por ciento de las atrapadas, son rarámuris, con un dejo racista inocultable. ¿O acaso el otro 50 por ciento tiene una calidad étnica de privilegio? El periodismo que da cuenta de todo esto es un periodismo miserable, por decir lo menos. Porque si leemos con atención las notas, nos damos cuenta que el tema se decanta en la circunstancia de que en algún antro se encontró un niño intoxicado y embriagado, dejando de penetrar en el problema real y de fondo que exhibe este bochornoso comportamiento de la prensa que tenemos. No espero que la Comisión Estatal de derechos Humanos, por su dependencia del gobierno, haga algo; en particular no creo que reconvenga a las cabezas de quienes cometieron el abuso policial o administrativo de no recurrir a estos mecanismos proscritos por la ley, y mucho menos que se controvierta el dar pábulo a este racismo clasista.