En la última semana han sido escandalosas las noticias en torno a dos funcionarios de alto nivel del gobierno del estado de Chihuahua: Filiberto Terrazas Padilla, magistrado duartista ante el Tribunal Superior de Justicia fue señalado inicialmente por ejercer violencia física en contra de su esposa, afectando a su familia también. A su vez, Pedro Genaro Hernández, secretario de Salud, fue señalado como depositante de cerca de 6 millones de dólares en una sucursal del banco Wells Fargo en El Paso, Texas, lo que permite conjeturalmente hablar de una corrupción descomunal en el área de salud del cacicazgo de César Duarte Jáquez.
Son noticias que al trascender a la escena pública denotan una gravedad que no se puede pasar por alto, cuando menos para que se dé una explicación completa y satisfactoria de los hechos reales que están atrás de ambos eventos. Con relación al primero, se ha pretendido diluir el caso a una simple desavenencia marital, algo así como un hecho “normal” en una crisis conyugal por la que puede pasar cualquier pareja. Parece que es la tierra suficiente para tapar tan delicado asunto, cuenta habida de que se trata de un alto funcionario judicial del estado –nada menos que magistrado– que perdería de suyo toda autoridad moral para estar al frente de una institución en la que se imparte justicia sobre diversos asuntos, pero en particular los que tienen que ver con divorcios y conflictos familiares en los que media la violencia. No nos extrañaría que Miguel Salcido Romero, presidente impuesto del TSJ, así quiera zanjar la mala imagen de la institución que encabeza y que llegó fortalecida con el dedazo que se dio en favor precisamente de Terrazas Padilla, a la hora del golpe al Poder Judicial.
No menos grave es el caso de Pedro Genaro Hernández, socio del cacique Duarte, porque ha circulado la copia de un documento del propio Wells Fargo que le da carácter de indubitable a un depósito privado no respaldado con su historial económico. Estaríamos en presencia de los mismos delitos de que se ha acusado a César Duarte, en particular el enriquecimiento inexplicable. El modus operandi que vemos para sacar de escena el escándalo es prácticamente el mismo: simplemente emitir un boletín de prensa acusando de falso el hecho y con una prensa que no indaga, que se conforma con ese boletín y está divorciada del periodismo de investigación, tan necesario en estos casos. Esta columna realizó un peritaje sobre el documento emitido por la Wells Fargo y tiene por conclusión que el mismo es auténtico, y por ello la punta de un iceberg de una corrupción mayor que tiene que llegar al Ministerio Público y eventualmente a un tribunal de naturaleza penal.
No es posible que hechos tan graves se pretendan tapar como el que pone un dedo frente al sol y cree que la luz ya no penetró. Es un asunto de la mayor importancia, pues la corrupción en el sector salud ha sido –y es– una de las fuentes fundamentales de saqueo del estado de Chihuahua. Públicamente, por dar sólo una muestra, el funcionario Pedro Genaro Hernández no es la primera vez que involucra a las personas de su afecto en asuntos de corrupción política, pues si ahora aparece al lado de Rocío Padilla, no ha mucho en ciudad Cuauhtémoc nombró a Ana Franco, dirigente del sector femenil priísta, como administradora del ICHISAL.
Es un asunto en el que hay que ir a fondo, y para las labores de información esta es una simple primera entrega. Podríamos decir que en todo esto media el silencio de una prensa comprada.