No le den vueltas: el matrimonio igualitario llegó para quedarse. Así lo dispone la Constitución General de la República y así lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los gobiernos priístas pueden intentar sacarle al bulto, la iglesia y los conservadores en el PAN continuar en su irracional desobediencia, Andrés Manuel López Obrador gritando que no se trata de un asunto importante, y en esa línea todo lo que se quiera vociferar en un problema que la gran proyección de los derechos humanos en el mundo tiene resuelto.
Aquí en Chihuahua se intentó inicialmente y por dos ocasiones legislar sobre los Pactos Civiles de Solidaridad como un puente o transición al matrimonio igualitario. Coaligados PRI y PAN le cerraron el paso. Hoy ya no hay ningún obstáculo para irse a la reforma de fondo. Varias parejas del mismo sexo han peleado y obtenido sentencias protectoras definitivas, dictadas por la justicia federal. Y aún así se resisten a dar el paso concluyente, en parte por oportunismo y quedar bien con la iglesia católica, y en parte porque los involucrados –legisladores, gobierno y Registro Civil– anteponen sus convicciones personales a la aplicación de la norma fundamental y de interpretación que la corte ha hecho al respecto. En esta etapa, la Consagración duartista al lado de los jerarcas de la iglesia católica, es un presupuesto inequívoco de que para ellos primero están sus creencias personales que la Constitución que protestaron cumplir y hacer cumplir.
Mucho ruido, nulas nueces y una verdad por encima de todo: el matrimonio igualitario ya es una realidad en el país, entre otras razones porque los actos del estado civil de las personas valen en toda la república y el extranjero; quiero decir que si una pareja del mismo sexo contrae matrimonio en una entidad, vale de manera universal, como ya puede suceder. Chihuahua no puede ser una ínsula por la aplicación de los fanatismos atávicos de la clase política gobernante.
En lo local, se han propalado las más diversas engañifas, como la que pronunció Erick González Manzano al decir que la SCJN sólo atiende a una minoría, como quien dice subrayando que la Constitución no existe. Con igual línea encontramos al presbítero Gustavo Sánchez Prieto, indicando que se han interpretado las leyes de manera torcida. Cabe decirle que para interpretar esto basta la gramática, por una parte; y, por otra, que no vivimos en una teocracia, como afirma este oscuro sacerdote, que ya parece el vocero oficial del fanatismo clerical.
Por lo que se refiere a diputados y oficiales del Registro Civil, no se quedan atrás. Eloy García Tarín es otro de los que sostiene que convicción personal mata ley. Eloy García ha pronunciado dislates superlativos en materia de constitucionalidad y legalidad que no viene al caso mencionar. Pero llama la atención que siendo uno de los pilares de Marco Adán Quezada en la legislatura actual, exhiba lo que a todas luces significa una falta de adhesión al pensamiento democrático, la tolerancia y la no discriminación.
Y el que se lleva las medallas de la ignominia es, ni más ni menos, que el polivalente empleómano Ricardo Yañez, director del Registro Civil cuando, como buen burócrata, dice que no ha recibido ninguna instrucción al respecto de la tramitación de matrimonios entre personas del mismo sexo. No entenderá el gordillista que los nuevos vientos que soplan en el constitucionalismo mexicano hacen suponer que todos los que ocupan un cargo público están obligados a acatar la Constitución, pero para este señor primero está la red telefónica que lo ata al palacio de gobierno para hacer lo que le digan. Nació para ser instruido, al parecer. Pero, por lo que dice la diputada duartista Hortensia Aragón, tal instrucción ya la giró Mario Trevizo –de hecho, cabeza administrativa del sector que encuadra al Registro Civil–, seguramente de los dientes para afuera, como diciéndole acata pero no cumplas.
Para que más vueltas, esto llegó para quedarse.