Uno puede pasar por alto las faltas de ortografía de César Duarte, lo que no podemos tolerarle de ninguna manera es que tome la Constitución Política del Estado de Chihuahua como si fuera plastilina que puede moldear a su antojo entre sus manos y, desde luego, para satisfacer sus ruines ambiciones de poder y dinero, que han hecho del gobierno en Chihuahua un amasijo de política y delincuencia.
De manera provisional, adelantaré algunas ideas en un tema que requiere profundidad en la interpretación para el cambio democrático que le urge al estado. Desde 2012, año en el que el cacique se regodeaba de su tiranía, se había resuelto (no prejuzgo ni emito un juicio de valor al respecto) que el próximo periodo del titular del Ejecutivo del estado de Chihuahua sería de cinco años, con las previsiones electorales atingentes para los comicios del año entrante. Va esta nota a manera de refresco de la memoria:
La reforma constitucional local, publicada en el Decreto No. 883-2012 I PO, consistió en la modificación de los artículos 27 Bis, fracción II; 36, segundo párrafo, y 40, quinto párrafo, todos de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; el artículo 58, numeral 6, incisos a) y b) de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y que en su Artículo Tercero dispone: “I.- El próximo gobernador constitucional del dstado se elegirá por un período de cinco años, que comprenderá del 04 de octubre de 2016 al 03 de octubre de 2021; II.- Los Diputados que integrarán la LXV Legislatura local durarán dos años en su cargo, que comprenderá del 01 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2018; III.- Los integrantes de los ayuntamientos, así como de las juntas municipales y comisarios de policía que se elijan en el año 2016, durarán igualmente dos años en su cargo”.
Subrayo que el fundamento para esa reforma fue el inciso n) del artículo 116 que ordena: “Se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones federales”. Leída con cuidado la reforma, nos convencemos que en realidad no se necesitaba una gubernatura de cinco años, ya fuera porque con modificar la fecha de elección de los presidentes municipales o la de diputados, o la de ambas, como se hizo, con eso se estaría cumpliendo ese mandamiento y por lo tanto, las razones tendrían que ser distintas.
Por eso estimo que si en 2012 las razones que se dieron para hacer una gubernatura de cinco años, que coincidiría en lo sucesivo con elecciones federales de diputados (las llamadas intermedias) y fueron otras y diferentes al cumplimiento del inciso n), ninguna de ellas cambiaría si ahora se hace de dos años. O dicho de otra manera y que es lo mismo, las razones las hemos de encontrar en otra parte: están en intereses personales y posibilidades de extender de facto el mandato actual, dado el control político de que goza el cacique Duarte. Pero desde luego que al decir esto no pasamos por alto las complicaciones que acarrea la iniciativa que presentó ayer Hortensia Aragón Castillo, en una muestra de servilismo extremo, en este caso, al realizar la obra negra que un inútil diputado priísta, como lo es Rodrigo de la Rosa, reduce a la modificación de un simple transitorio. Téngase en cuenta que no sólo ella es la firmante, que los hay de todos los partidos, salvo el PAN. Los chihuahuenses debieran tomar conciencia de las manos en las que se encuentran sus intereses.
Prosigo con algo que tiene qué ver con historia y coyuntura. En la época en que se propuso la reforma del 2012, las razones que encontré para cuestionar su manufactura fueron las que atendieron al manido concepto de seguridad nacional, porque con eso se evitarían posibles conflictos que se contaminaran uno con otro y que resultarían más difíciles de controlar, obviamente me refiero a sendas elecciones: local y federal. Imaginemos en el norte del país una situación semejante a la de Michoacan, Oaxaca y Guerrero. La coyuntura que se abrió el pasado primero de mayo con los sucesos de Jalisco, Guanajuato, Colima y Michoacán y que, a decir de un columnista el día de hoy, podrían alegrar al cacique Duarte para luego enmudecerlo, por lo cual lo recomendable al interés democrático es que se le de carpetazo a la abyecta pretensión contenida en la iniciativa que por encargo presentó la traidora Hortensia Aragón Castillo.
En este tema son varias las cartas que se deben poner sobre la mesa. Las del PRI tendrían que ver con el conjunto de proyectos al interior de este partido, que se vienen construyendo para un periodo completo, no para una especie de interregno. Este hecho va a demostrar de qué está hecha la clase política priísta: ¿se conformarán Héctor Murguía Lardizábal, Graciela Ortiz, Marco Adán Quezada, con un golpe de estado legislativo que les ordene que calmen sus ímpetus porque a lo que pueden aspirar es a muy poco?, ¿o los candidatos de nivel piojo, como Javier Garfio, Enrique Serrano o Miguel Salcido pasarán a la escena, aprovecharán la oportunidad de pisar un escaño que los catapulte a una altura insospechada, enfrentándose a los primeros?, ¿será tan cretina y mediocre la clase política priísta y aceptará los designios del cacique? Las respuestas pueden ser diversas. Conjeturo que sí son cretinos y mediocres, y el ejemplo está en que la casa reinante de Delicias tuvo qué comer camote y avergonzarse todos los días bajo el arrullo de Tony Meléndez. De esto no me ocupo y sólo espero ir viendo cómo se presentan los hechos.
De lo que estoy plenamente seguro es que este despropósito duartista no puede pasar, que hay que ponerle un hasta aquí. ¿Por qué? Va un apunte: Duarte Jáquez, bajo investigación de la PGR y en precaria legitimidad, se quiere abrir un espacio para edificar su propia impunidad. En otras palabras, necesita un gobernador piojo. Y ya, llena de liendres la cabeza de Chihuahua, hasta intentar renacer como el hombre fuerte de Chihuahua. Soñar no cuesta nada y la mediocre figura de Duarte convertido en jefe máximo de Chihuahua, es un proyecto que ya no se sostiene absolutamente con nada. Ni el ciudadano de a pie, ni el acaudalado, ni el inversionista de mediano o alto nivel se pueden confiar a una etapa en la que el Estado de Derecho desaparece para darle rienda suelta a lo que puede suceder en la incertidumbre y que no es otra cosa que el entronamiento de la política como ocasión de medrar, y el gangsterismo como forma de convencimiento.
Lo mejor de Chihuahua debe entender, más allá de si nuestro código básico es rígido o flexible, para ponernos más allá del academicismo, que la Constitución no es plastilina en manos de nadie, y menos de un tirano que la reforma a modo y para su exclusivo beneficio. Y todavía más allá de esto, más que entender hay que actuar en contra de la parchología desplegada.