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Sí, como en los viejos carteles que invitaban a memorables corridas de toros, en las que escurría sangre en la arena. Ayer apareció en El Heraldo de Chihuahua, a página entera, el desplegado “Duarte Corrupción Política” en el que se aportan pruebas contra el cacique, su socio Carlos Hermosillo y en el que especialmente se exige la renuncia de Jaime Herrera, el secretario de Hacienda. Fue la página 11 de la Sección Local, pero dándole vuelta se encuentran cuatro salutaciones a César Duarte y a su intendente municipal, Javier Garfio, lo que me pareció un refresco a la memoria, para luego, ya en la página 13, un desplegado, también a plana completa, donde Unión Progreso se dirige a la sociedad chihuahuense para decir qué es, subrayando que para ellos el “valor de tu confianza es primero”. El primer desplegado, qué duda cabe, está documentado; el segundo, de Unión Progreso, simplemente hace publicidad a través del presidente del Consejo de Administración, Fernando Ernesto García Castillo. Por supuesto que ambas publicaciones son, fueron, inserciones pagadas.

Enfatizo un desliz de la Unión en aprietos: señala García Castillo que dicha Unión está “integrada por pequeños agricultores y ganaderos…”, lo que me hace pensar que se sugiere que ahora hay varios diezporcientos (Duarte, su esposa y otros) que hoy resultan los grandes y que de aquellos pequeños productores queda un recuerdo del control que pensaron algún día sería un estupendo instrumento en sus manos. A confesión de parte, relevo de pruebas.

 

Miguel Salcido: ¡Yo soy legal, la sesión ha terminado!

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De tal palo tal astilla. Aquí el palo es Duarte y la astilla Miguel Salcido, ambos materiales de madera muy torcida de la que no se puede hacer nada derecho, según vieja expresión del filósofo de Königsberg, Immanuel Kant. Vea usted si no: dos magistradas, Patricia Baray y Luz Rosa Isela Jurado Contreras, presentaron objeciones al procesamiento que se da a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que se tramita en el Congreso y desde luego conforme al menú del cacique y sin que los abogados y sus agrupaciones hayan realizado nada sustancial en tema tan importante para el Estado de Derecho. Según la prensa, hubo calificativos de “ustedes”, dando a entender preocupación, porque los trabajos realizados conjuntamente (entiendo consensos trabados) se modifican de última hora. Con decirles que hasta Marco Emilio Anchondo Paredes formuló un extrañamiento y puso bien los puntos sobre las íes porque en un tema concreto encontró que no era congruente lo acordado en una minuta anterior con lo que se les estaba haciendo del conocimiento. Salcido, haciéndose el muerto, dijo que iba a solicitar la información, eso sí, a través de la Secretaría General porque es muy respetuoso de la división de poderes.

La magistrada Jurado Contreras exigió que se respete la Constitución del Estado, en especial su artículo 109, que establece la autonomía del Poder Judicial para iniciar reformas en el ámbito de su poder y advirtió que “van a tener que tomar en cuenta la opinión del Supremo Tribunal de Justicia, porque así lo señala la propia Constitución”. Esta columna queda en suspenso…

Pero aquí viene lo bueno: para el talante de José Miguel Salcido, el presidente impuesto y varita de nardo en cuanta celebración tiene que andar a la cola de Duarte, esto fue mucho, y por tanto ordenó: cierren las puertas, apaguen micrófonos, ¡la sesión ha terminado! No sé si golpeó la mesa con su mano, simbolizando que el poder es para poder, pero de lo que estoy seguro es que sí golpeó la dignidad de sus pares, que ya están impuestos a estas nalgadas.

 

Se develó la estatua de don Adalberto Almeida y Merino

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Va de relato: el pasado sábado me trasladé al lugar donde fue develada la estatua a don Adalberto Almeida y Merino, en el Parque Infantil, entre Mirador y Cuauhtémoc, decidido, por gratitud y admiración, a participar en el evento. Aunque no es la mejor forma –así lo dije a su tiempo– de dejar su huella en esta ciudad en la que batalló de manera destacada, a final de cuentas él está muy por encima de otros monumentos del mismo tipo que se han erigido en la ciudad de Chihuahua, pongamos por caso al del criminal general Rodrigo M. Quevedo. Don Adalberto, qué duda cabe, es de otro nivel, elevado, así lo reconozco.

Ahora bien, continuando con el relato, vi que la develación estaba custodiada por policías, no sé si militares, que lucían sus uniformes de camuflaje y ostentaban, para que no hubiera duda, sus armas largas y demás aditamentos. Alcancé a ver la tonsura natural del arzobispo Constancio Miranda Weckmann (en la grey astrosa, como decía el poeta católico López Velarde, se le conoce como Ausencio) y también la calva de Javier Garfio, por lo cual moví la rienda de mi caballo para que ya no fuera gustosamente pajareando, di la vuelta en redondo y me arredré. Estos celebrantes, me dije, no son los que debieron estar en tan honroso momento. Por eso reculé.

 

Otro apretón de tuerca al Estado laico

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Con motivo de la fundación de la ciudad de Chihuahua y sin recordar para nada los 300 años de colonialismo, la conmemoración quedó en familia: el mismo obispo y la representación del mismo gobierno consagrado, en este caso recayó en Raymundo Romero, aún secretario general de Gobierno, al cual, en la fotografía que disponemos, se le podría adosar una aureola que lo haría vivísima expresión de un personaje sacado de El Greco: su cara larga le habría sido muy útil al notable pintor de todos tan recordado.