¡Escucha, tirano!

El discurso del poder en Chihuahua mezcla, por razones que le son connaturales, la política con el delito. Se escucha decir: “si no le tengo miedo a los sicarios, menos a…”, sugiriendo, a todas luces, que los disidentes, los críticos, los opositores quedan en el lado oscuro de la sociedad, en el ámbito de lo antijurídico, cuando lo que hacen es defender y ejercitar los derechos que aún nos quedan. Al paso que vamos podríamos correr el riesgo de que la tiranía se apodere de nuestro país, los estados, los municipios y de todo; y cuando digo todo me atrevo a denunciar que quienes gobiernan así, con esas premisas, no tan sólo buscan monopolizar el poder, sino que van más allá y estiman la política como un quehacer propiedad absoluta de unos y de la que quedamos excluidos todos los demás.

Se trata de una parodia en la que “tan pronto como la criminalidad se organiza, se convierte, tendencialmente, en un Estado dentro del Estado”, como lo afirma Enzensberger para las bandas de delincuentes, la camorra o la mafia, lo que extiendo, desde otra perspectiva, como la existencia de un Estado doble en que la Constitución proporciona la fachada o la escenografía que viste y reviste a un Estado clandestino, oculto, destinado a la expropiación de los bienes que los contribuyentes entregan a las arcas públicas. Esto es lo que sucede en Chihuahua y quienes están al frente de las instituciones que se crearon para otros fines, lógico es que truequen el discurso de la política por el discurso del delito y entonces traten a sus opositores bajo la óptica punitiva del que no tiene para relacionarse con la sociedad más arma que la amenaza. Por eso digo, quizás con la ingenuidad del que piensa que todavía hay un hálito de justicia: ¡Escucha, Duarte!

¡Escucha!:

Las tiranías fomentan la estupidez, afirmó Borges. Tiene razón y hay que saberlo.

Vivimos en una sociedad que dejó atrás, hace varios siglos, el derecho divino de los reyes para adentrarse en la práctica constitucional de las diversas visiones que han dado cuerpo a la idea de la soberanía popular, el principio que enfatiza que todo poder deviene del pueblo y se instituye en su beneficio, como reza categórico un artículo de nuestra Constitución federal. A los siervos los sustituyeron los ciudadanos con derechos.

Donde no hay división de poderes no hay Constitución.

Cuando la corrupción política es el abuso que nace de traicionar la posición normada éticamente de funcionario público para enriquecerse, se borra de manera absoluta la frontera que ha de haber entre los negocios públicos y los negocios privados. Que desvanecer esa frontera sólo tiene como antecedente el viejo patrimonialismo que hace pensar a los gobernantes que el Estado, todo el Estado, es de su propiedad particular, casi casi su cortijo.

Donde se desfigura el régimen de partidos políticos libres y competitivos, se agrede el corazón mismo del régimen político que se sustenta en la pluralidad real y en la auténtica y genuina consulta de los ciudadanos y ciudadanas, lo que a su vez se cimenta en un partido de Estado.

Donde el poder Judicial carece de independencia y autonomía, no hay ni tranquilidad ni seguridad en la resolución de los conflictos, de los litigios, instalándose la consigna gangsteril que sustituye a la paz social que prodiga la buena cosa juzgada.

Donde los puestos de la administración pública están integrados por titulares sacados de la amistad, la familia, el corazón, cofrades y leales a la persona del jefe, no existe el sentido público de la administración.

Cuando el Ejecutivo privilegia su carrera política y desatiende la función constitucional del aquí y ahora, en las dependencias sólo existe la indolencia, la incuria, que se acrecientan con el temor de perder el trabajo con cualquier pretexto, como el de la austeridad que se vive abajo pero no arriba.

Cuando quien audita las finanzas públicas es el propio recomendado del auditado, aún en el remoto caso de que haga su trabajo correctamente, no genera confianza y mucho menos credibilidad en la rendición de cuentas.

Cuando existe un muro de contención que impide la transparencia en favor de la opacidad y contiene la participación ciudadana en favor de la secresía del funcionario público, se propicia la impunidad y la corrupción. La puerta cerrada no es simple retórica.

Cuando la prensa mayoritariamente se sostiene con los recursos del erario, no existe una opinión pública libre e informada que contrapese al poder.

Cuando las formas republicanas se convierten en simples actos litúrgicos, se abroga la representación real de la sociedad.

Cuando se miente en materia de seguridad pública, se esconde la magnitud de la inseguridad y se prohíja que la violencia esté permanentemente presente, destruyendo los vínculos sociales.

Cuando se viola el Estado laico, sólo se convoca al conflicto religioso que se larva en el desprecio hacia otras confesiones por las que se siente antipatía.

Cuando el Estado es una santa alianza de un grupo empresarial, la jerarquía del credo católico y el poder, las cosas no pueden ir bien para nadie.

Cuando se recibe el poder como una especie de encargo vitalicio, se le impone a la sociedad una gravosa pena vitalicia.

Cuando la simulación reina en todas partes, se convoca a la revuelta.

Cuando a los críticos, opositores y disidentes no se les reconocen sus aportes y, al contrario, el común de la gente los arropa con la solidaridad ante la inminencia de agresiones de gravedad, el que está mal parado es el gobierno y quien lo encabeza.

Escucha, Duarte: así se ha gobernado a Chihuahua, esa es la raíz profunda del repudio ciudadano.

Y pregunto, apoyándome en un verso de Pablo Neruda:

¿Por qué tantas ventajas

para ustedes?

¿Quién les dio la cuchara

cuando no habían nacido?

Aquí no están contentos,

así no andan las cosas.

Si es una broma triste, decídanse,

señores,

a terminarla pronto

a hablar en serio ahora.

Después el mar es duro.

Y llueve sangre.