El pasado 28 de octubre de este año la señora Myriam Victoria Hernández Acosta, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado presentó una iniciativa con carácter de decreto para reformar la ley orgánica del poder que encabeza. Claro que la propuesta se da en medio del sacudimiento que el sistema judicial del país está sufriendo en esta etapa.
Cualquiera prensaría que es una propuesta centralmente planteada para navegar en medio de esta crisis, pero nada hay de eso. La percepción que deja es que quieren transformar las leyes para favorecer intereses mezquinos de los magistrados que llegaron en la época del corrupto César Duarte, y también de la muy recientísima horneada de magistrados producto de la transacción PRI-PAN que se ha observado en las dos elecciones pasadas.
De ser así se estaría en la unión del cinismo con la desfachatez. Y cualquiera se preguntaría ¿Y los colegios de abogados dónde están?