La gobernadora María Eugenia Campos cree que Chihuahua está esperando una nueva era de seguridad pública cuando termina de edificar su famosa Torre Centinela en Ciudad Juárez y a la que le invierte desde la opacidad, anunciadora de la corrupción política. Entre tanto, Chihuahua está en llamas y corre la sangre, y es tan desafiante el crimen que anuncia sus propósitos a través de las conocidas mantas que en estos días aparecieron en varias escuelas de ciudad Cuauhtémoc y Anáhuac. Es previsible que haya más.
El crimen recurre a la guerra de la pulga mientras el gobierno prepara sus altas tecnologías para combatirlo. Se anuncia, se hace evidente, se muestra con una obra de relumbrón cuando a los criminales les basta asaltar, por ejemplo, un día en Urique, otro en Casas Grandes, luego agrediendo a funcionarios públicos de los Ceresos, y eso es imposible que lo detecta una torre inconclusa y lejana.
Estamos a la mitad del sexenio de que dispone esta administración chihuahuense. Es tiempo más que suficiente para que María Eugenia Campos y Gilberto Loya comprendan que si gobernabilidad significa muerte, no es gobernabilidad.
El gobierno actual ya no pudo con el problema de la seguridad pública en Chihuahua, su desempeño es de funeraria. El día de ayer ejecutaron cobardemente a Nicolás Monárrez Gaxiola, jefe administrativo del sistema penitenciario, encargado de las compras de los insumos en el CERESO de Aquiles Serdán. En ese hecho también se lesionó a su asistente, José Francisco T.V., y a un hijo menor de edad de aquel.
No es, por cierto, el primer servidor público de un penal que cae abatido, como también es del dominio público el motín en Ciudad Juárez que dejó una secuela de sangre. También, como se sabe, al retirar a Roberto Fierro de la titularidad de la Fiscalía General del Estado, para colocar a César Jáuregui Moreno, se desagregaron los penales que estuvieron a cargo de esa dependencia. Esto es sólo una parte del desastre que tiene María Eugenia Campos en materia de seguridad.
Además, la gobernadora acostumbra, en un juego perverso y complementario con el gobierno federal, lanzarle a este las responsabilidades y culpas para construir una percepción que la coloque en una condición que haría pensar que nada tiene que ver con la inseguridad prevaleciente.
Se ha empeñado en mantener al frente de la Secretaría de Seguridad Pública a Gilberto Loya, quien no ha dado el ancho y que además confiesa que –y cito–: “estas agresiones están relacionadas con la gobernabilidad en los centros penitenciarios del estado”. Y ahora resulta que Maru Campos no lo remueve del cargo porque sería la admisión expresa de su fracaso, en esto que es el punto número uno de la agenda nacional y local.
Cuando un funcionario actúa como lo hace la gobernadora, protegiendo a los integrantes de su gabinete de seguridad, está claro que lo hace para salvar el pellejo, por lo que pienso que ha llegado el momento de incluirla a ella en el reclamo de que si no pudo con el bulto, dejen el cargo. En este sentido, la elección que viene será plebiscitaria para medir su fuerza y establecer las posibilidades de un nuevo gobierno para Chihuahua.
Afirmo todo esto porque si para lograr la gobernabilidad de un penal se necesita el sacrificio humano de quien administra ese sistema, quiere decir que la cabeza fracasó, que no sirve y ha de irse. Pero Gilberto Loya cree que con su cara de malo asusta a todo mundo. Y no, los delincuentes está curados de espanto.