María Ávila Serna es una abogada de cuya biografía política pública se podría ocupar algún novelista del género policiaco. Ha dirigido al Partido Verde en la entidad como quien maneja una franquicia, ha brincado a Movimiento Ciudadano, ha ocupado cargos como legisladora a nivel local y federal, ha sido colaboradora incondicional y coacusada en la causa penal que el gobierno de Javier Corral instauró contra María Eugenia Campos Galván.
Ávila Serna aspira hoy a convertirse en magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, hizo su solicitud en tiempo y ya forma parte de una terna de aspirantes externos, es decir sin carrera judicial de entre los cuales se votará a quien ocupe el importante –y jugoso– cargo. Quien quede es esa calidad, sería “oxigenadora” del Poder Judicial.
En medios de comunicación circula la noticia de que sendos amparos mantienen en suspenso los nombramientos en el Congreso del Estado. Ya es un mal endémico que el diseño constitucional ha generado, de tumbo en tumbo, inconformidades con la forma de designación; pero no ha habido corrección de fondo.
En Ciudad Juárez han iniciado pálidas manifestaciones en contra de su nombramiento, legítimas por existir la libertad de expresión, y más que justificadas por su aspirantía a un cargo que indiscutiblemente no merece, mientras no se esclarezca su connivencia con el duartismo, afectando el patrimonio público.
María Ávila, ambiciosa como ha sido y privilegiada por las redes de poder que la han llevado a los cargos señalados, ha salido en su autodefensa y aduce que ha litigado, que tiene un despacho, que lleva asuntos medioambientales y que trabajó en el Poder Judicial Federal. En concreto, cuestiona a los morenistas que han objetado su eventual designación.
Pero ojo, hay algo que preocupa, y bastante: María Ávila Serna recurre al criterio de autoridad de Andrés Manuel López Obrador al proponer a tres de sus cercanas colaboradoras para la Suprema Corte, y se pregunta porqué ella no podría tener el mismo beneficio. En otras palabras, lo que nos dice es que ella es a Maru, lo que la terna presidencial para la Corte es a López Obrador.
Aduce finalmente que tiene estudios y la experiencia necesaria. Pero como es natural, evade narrar su propia historia, que es la que la inhabilita, moral y políticamente, para satisfacer su empleomanía. Ávila Serna es de las que cree que el crimen sí paga, y ahora quiere que le suscriban una magistratura para seguir medrando del presupuesto público.
No debe llegar, simplemente.