Cuando se instaló el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se produjo un gran mensaje de aliento para los migrantes. Casi casi el territorio mexicano se iba a convertir en la patria generosa de todos los que vinieran de fuera, aunque sea de paso, en busca del “sueño americano”.
Muy pronto la realidad se impuso y López Obrador tuvo que retractarse en los hechos y convertirse en guardafronteras de Trump en territorio mexicano. Para eso contó con el instrumento militar de la Guardia Nacional, que se desplegó en labores de contención en el Suchiate.
En el estado de Chihuahua, concretamente en Ciudad Juárez, se registró uno de los hechos más dramáticos del tratamiento que se da a los migrantes en México y que costó la vida a unos 40 migrantes y una secuela de heridos que seguramente están padeciendo las consecuencias médico-legales de quemaduras e intoxicación.
El director responsable del Instituto Nacional de Migración, el odontólogo Francisco Garduño, permanece impune, y además lleva su juicio en libertad, siendo a la vez un funcionario que continúa en su cargo a pesar de la gravedad de los hechos.
Pero lo que más llama la atención en la cotidianidad es que las oleadas migratorias no cesan y el aspecto humanitario no se atiende por ningún gobierno, ninguna institución ni organizaciones de la caridad cristiana.
Esto lo vemos el día de hoy, cuando en medio de un frente frío que registró temperaturas bajo cero en la frontera, a bordo de trenes de carga y a la intemperie, se trasladan mujeres, hombres y niños con grave riesgo para su salud de integridad.
No hay duda de que por tratarse de un asunto de tipo humanitario se debiera proceder de inmediato a tomar medidas excepcionales para prevenir los estragos que causará un invierno que se pronostica muy crudo, y que no detendrá el flujo migratorio.