Es del dominio público que México no tiene una política migratoria congruente y progresista fincada en los derechos humanos. El gobierno de López Obrador claudicó ante su admirado Trump, y los estados fronterizos quedaron algarete.
Pero eso no es disculpa alguna para que los gobiernos de los estados señalados, tanto del sur como del norte, jueguen a desresponsabilizarse y lanzar la bola de ping pong hacia las otras canchas. Cojean de la misma pata que la Cuatroté.
Es el caso de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien con oportunismo sobrado acusa a la administración federal de falta de una política en la materia.
Pero hay más en relación a la gobernadora chihuahuense. Congruente con los intereses de la oligarquía local, se comporta como xenófoba y racista, y quiere que de Durango hacia el sur haya una especie de muro que la ponga al resguardo de sus mentiras, cuando cita a Gómez Morín de aliviar el dolor evitable.
En realidad, a Maru Campos la política que la guía es la que pactó, contraviniendo un mandato de la Constitución general, con el gobernador texano, Greg Abbot. En el fondo, Maru Campos piensa que nuestro estado es una colonia de Texas.
Se supone que en su hogar mamó de las lecciones de Fuentes Mares en aquella obra llamada Poinsset, historia de una gran intriga, y todo lo que se refiere al tema en otra obra conocida, El expansionismo norteamericano.
Hasta su abuelo y psiquiatra se lo reprocharían.