En el tema de la militarización, se dio un paso positivo el día de ayer cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de diversas disposiciones del Código Militar de Procedimientos Penales y del mismo Código de Justicia Militar. Importante, sin duda.

Sin embargo, el plato fuerte es el que todo el país espera, y se concretará en la decisión de si la Guardia Nacional queda bajo el mando militar, o el civil, que respalda toda una tradición jurídica y constitucional desde 1857 hasta el arribo de López Obrador a la Presidencia y el signo castrense, que es la marca de la casa de este gobierno.

Esta columna ha pugnado porque cese el militarismo, y más cuando lo que tiene que ver con la Seguridad Pública se entregue a mandos militares y de tropa que no están preparados para actividades de policía, como bien se sabe en el mundo entero.

La reforma que creó la Guardia Nacional, en un momento de máximo poder del lopezobradorismo, dispuso el cauce civil e incluso fijó cinco años –todo el sexenio– para la profesionalización de una policía de contornos civilistas, que luego el presidente sesgó al entregar la Guardia Nacional al Ejército, como sucede hasta ahora.

El reto de la Corte es emitir una resolución con apego a la Constitución General de la república, y en realidad no tiene márgenes que no sean los de mandar a los militares a los cuarteles.

Como se sabe, se necesitan ocho votos de los once ministros de la Suprema Corte para que esta rectificación salga adelante. Ojalá y así sea, lo que confirmaría la existencia de una Corte que, aparte de ejercer el contrapeso que supone la división de poderes, encausaría al país en la ruta que la misma Constitución dispone y que ha sido desfigurada por el actual gobierno, que ha convertido a las fuerzas armadas en un factor nacional impensado, por su peligrosidad e injerencia en todo aquello que corresponde únicamente a los brazos civiles del Estado.

A la hora del debate, dos ministros ya mostraron el cobre al hablar en contra del proyecto rectificador, presentado al pleno por su homólogo Juan Luis González Alcántara Carrancá. Se trata del expresidente de la misma Corte, Arturo Zaldívar, que de manera incoherente apoya el proyecto lopezobradorista de una manera que lo denigra como jurista y como pensador. Ahora se explica uno porque querían perpetuarlo en el cargo.

Y desde luego, el otro adelanto en favor de la militarización proviene de la ministra pirata, Yasmín Esquivel, a quien ahora sus opiniones se las redactaron en Palacio Nacional para que actuara de ventrílocua de López Obrador. La ministra Esquivel, si vergüenza tuviera, hace meses que debió renunciar al cargo. Su participación nos recuerda que también con el voto por voto se puede defraudar a la nación, ya que el voto de Esquivel será espurio y carente de toda autoridad moral, por no tener los títulos profesionales y académicos indispensables para ocupar el puesto que hoy usurpa.

Por lo pronto, esperamos los ocho votos requeridos con ansia. Una votación así, sí sería histórica.