Para mañana viernes está programada una reunión de once fiscales de diversas entidades de la república, aquí en la ciudad de Chihuahua. Comparecerán los titulares de Coahuila, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas, Nuevo León, Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, y desde luego Chihuahua.
Estará presente también, inexplicablemente, el fiscal general de justicia militar, Miguel Carrasco, un verdadero desconocido, entre otros; y sería de esperarse, que también el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, que suele estar escondido en su torre de cristal.
En plena época de las tecnologías digitales y de las reuniones remotas por video, se suele patrocinar este tipo de costosos eventos, que van desde el turismo, el gasto exhorbitante, las políticas de imagen, y la búsqueda de apariencias para simular un trabajo conjunto, o deliberación de temas esenciales, que dicho sea de paso, no se pueden tratar en una reunión tan amplia y seguramente infiltrada.
A estas reuniones les llaman conferencias, pero en realidad su utilidad no tan sólo está bajo sospecha, sino comprobado de que no sirven absolutamente para nada, al no aportar soluciones a los graves problemas que en esta materia de justicia se requieren.
Para no adelantar vísperas, cabe preguntarse qué informará el gobierno de María Eugenia Campos en esta reunión, que sirva aquí y en los otros diez estados que asistirán. Creo que este gobierno tiene un déficit enorme con el tema central de la conferencia; la procuración de justicia aquí en concreto no existe, y vayan estos elementos: los pasos que se dan para liberar al corrupto Duarte, quien tiene más asientos en el Tribunal Superior que la propia gobernadora; la evasión de presos del Cereso 3 de Ciudad Juárez, la ola de feminicidios y homicidios dolosos en ascenso, la extraterritorialidad con la que domina el crimen organizado grandes franjas de nuestro territorio –aunque López Obrador lo niegue–; la proliferación del narcomenudeo y el trato deplorable, xenofóbico y doloroso que sufren los migrantes en Ciudad Juárez.
Eso es sólo un manojo de aspectos que difícilmente podrá sortear con cosméticos el fiscal César Jáuregui Moreno, que llega luego de un reemplazo en esa dependencia de un titular que no sirvió para nada, Roberto Fierro Duarte, que estuvo al frente más de un año sin poder resolver, entre otros, el crimen de los jesuitas y dos ciudadanos más de Cerocahui. A todo lo anterior, sume que tenemos una gobernadora vacacionista, y que mal hay un acontecimiento crítico, inventa un viaje de placer, o de plano se esconde.
César Jáuregui aceptó su remoción de la Secretaría General de Gobierno para ir a la Fiscalía, luego de que le reformaran la ley para no tener bajo su responsabilidad el manejo de los Ceresos, una verdadera bomba de tiempo en Chihuahua, hoy en manos del secretario de Seguridad Pública, y guardaespaldas de Maru Campos, Gilberto Loya.
Mueve a risa, por otra parte, que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández, aborde el tema del narcomenudeo, del que está a muchas leguas de distancia. Leerá, a lo sumo, un texto de encargo para salir al paso y figurar en la foto.
Mientras estas reuniones, con mesas repletas de manjares, se sigan celebrando bajo las reglas de un selecto club social de élite, los capos y delincuentes de todo tamaño, algunos incrustados en el Poder Judicial, seguirán haciendo de las suyas a placer.
Como dice el tango, el músculo duerme, la ambición trabaja.