Casi al cierre de esta columna, nos enteramos que al joven Germán G. M., única persona detenida y acusada de causar daños al Palacio de Gobierno y “alterar la paz» durante la marcha del pasado 8 de marzo, le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva por un periodo de doce meses y dar pie al desarrollo del proceso penal.
Esto ocurrió alrededor del mediodía de este jueves, durante la audiencia que se había pospuesto desde el pasado martes. Dentro de la audiencia se dieron a conocer algunos pormenores por parte de la defensa, como un reporte pericial de daños materiales que suman poco más de 800 mil pesos.
Durante esa jornada judicial, y prácticamente solo con el acompañamiento de su defensor, Julio César Valverde, Germán G. M. solicitó al juez que se le identificara con el nombre de Gina, siendo este el motivo por el cual asistió a la marcha del Día Internacional de la Mujer.
En ese sentido y una vez declarada la medida cautelar, el acusado, hoy acusada, fue ingresada al módulo 4 del Cereso de Aquiles Serdán, destinado a personas de la comunidad LGBT.
Hay un aspecto que la defensa estableció como argumento clave: una sola persona no pudo haber causado los daños materiales que reclama el Ministerio Público, puesto que a la marcha acudieron miles de personas más, mujeres que masivamente gritaron en todo momento “¡Fuimos todas!”, frase que mostró una postura solidaria ante la eventual reacción a la marcha, ya muy conocida del poder, tanto político como económico, de Chihuahua.
Es la misma solidaridad que ofrecemos y demandamos quienes creemos que una sola persona no puede estar siendo acusada por el poder encabezado por Maru Campos. Es necesario acompañar con esa misma postura a quien, de acuerdo a una imposición judicial, deba pasar tras las rejas un año entero mientras se desarrolla su proceso porque, en el fondo, la decisión es política y esta proviene, precisamente, del Palacio de Gobierno.