Cuentan los que han sido testigos de quien cae en un pantano que cuando trata de salir, más se hunde. Es el caso de Marcelo González Tachiquín, quien estuvo cómodamente en la ciénega duartista y ahora reaparece en la escena pública, autocalificándose de perseguido político y además extorsionado para librar la acción penal.
Sin demostrarlo, y aunque así fuese, dice que la Secretaría de Gobernación lo declaró perseguido político, lo que no pasaría de ser una simple declaración sin mayor trascendencia, hasta que realmente esa circunstancia se confirmara. Es la pesada tarea que trae a cuestas.
Pero además, y aquí está lo grave del asunto, afirma que lo extorsionaron para liberarlo de la pesada carga de comparecer por delitos de corrupción, que pagó 500 mil pesos, y que sólo cuando dejó de hacerlo le cayó la ley encima.
Más allá del tipo legal en el que se pretenda escudar González Tachiquín, su propia declaración lo hunde, pues implícita o explícitamente nos lleva a una conclusión: su conducta fue deliberadamente delictiva al obstruir la justicia mediante el pago correspondiente, aparte de que hay algo de cobardía, pues si era perseguido político debió arrostrar los riesgos de un procedimiento penal, dar la cara y salir libre, para demostrarle a sus hijos y parientes –él los trae a colación en sus declaraciones– que fue un ciudadano y funcionario limpio y digno.
Entre más se mueve, más se hunde, y cargando la loza de Duarte en la espalda, mucho más.