Trascendió en medios que la Junta de Coordinación Parlamentaria del Congreso del Estado, presidida por el diputado de MORENA, Cuauhtémoc Estrada, aprobó a Francisco Javier Acosta Molina como nuevo representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
El perfil del seleccionado es el del prototípico panista: egresado del Tec de Monterrey, con maestrías, doctorados y empleómano. Participó en el gobierno de Javier Corral y hasta este momento se desempeña como consejero jurídico de Maru Campos.
Con esta futura designación, se exhibe el afán de expansión y control de la gobernadora hacia el aparato judicial. Es inocultable esa ansia de dominación, equivalente a la que tuvo César Duarte durante la tiranía de su sexenio.
Hasta aquí no hay nada nuevo bajo el sol, y sólo un matiz de significación para comentar en esta columna: se supone que los diputados, en este caso la Junta de Coordinación Parlamentaria, debieran escoger profesionales que estén del lado de la representación popular, diversa como se sabe, y no personas que trabajan para el Ejecutivo, que es el poder a contrapesar.
Pero en este caso no ha sido así. Francisco Javier Acosta Molina es un alfil más del gobierno panista de Maru Campos. De consumarse el nombramiento, será una evidencia más de que la división de poderes en Chihuahua no existe, ante una concentración desmedida del Ejecutivo, todo controlador.
Como nota al margen, no está de más subrayar que bajo la conducción de Cuauhtémoc Estrada, MORENA, en el Congreso de Chihuahua, tiende a ser una figura decorativa que todo lo pacta, contribuyendo con una buena cuota al desprestigio de los diputados, que de por sí padecen el desprecio ciudadano sin importar color partidista.