Duarte, siete años después
Hoy se cumplen siete años de la denuncia interpuesta contra César Duarte, Jaime Ramón Herrera Corral y Carlos Hermosillo Arteaga (†) en la antigua PGR y otras instituciones. También se presentó, simultáneamente, en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, en septiembre de 2014, y ahí mismo se refrendó en noviembre de 2016.
La acusación cimbró a la sociedad chihuahuense y se inició una desigual lucha contra el poder tiránico de César Duarte y sus cómplices, entre los cuales estaba el PAN de María Eugenia Campos y Mario Vázquez.
Los hechos son conocidos y la difusión que tuvo la corrupción política que se conoce coloquialmente como “Banco Unión Progreso” fue abundante, aunque la prensa convencional trató de tapar el sol con un dedo, como lo hicieron todos los rectores de las instituciones de educación superior en Chihuahua en esa ocasión.
A la postre, la resistencia ciudadana logró, en diversos momentos, derrumbar al poder priísta, como también es muy conocido.
Siete años no han sido suficientes para esclarecer el escándalo. Tanto la procuraduría de Peña Nieto como la Fiscalía de Andrés Manuel López Obrador, que se dice autónoma, aunque no lo es, han desatendido y no ha llegado al fondo, como debía ser conforme al derecho, el expendiente AP/PGR/UEAF/001/2014.
El régimen de corrupción e impunidad, dígase lo que se diga, continúa, y no se ve un combate de fondo a la corrupción política.
Hoy refrendamos el compromiso de Unión Ciudadana por el Estado de derecho y ratificamos que el combate a la corrupción que se emplea sólo para escalar al poder a la postre es derrotada por la corrupción misma.
No lo entendió Corral, no lo entiende AMLO y la sociedad debe aquilatar esta lección, porque mientras no haya una solución radical y de fondo, no saldremos del laberinto de la abyección ni lograremos trascender metas que rediman la función del derecho y el Estado en una sociedad democrática.
