Precisiones sobre la consulta de agosto
Aunque es un tema muy conocido, conviene hacer unas precisiones sobre la futura consulta de agosto para que nadie se llame a engaño. Si me preguntan si quiero que se lleve a los tribunales, por ejemplo, a Salinas, Calderón o Peña Nieto, no contestaría cuándo, sino a qué horas.
Por eso es conveniente, en primer lugar, que se conozca la pregunta que se va a contestar con un “sí” o con un “no”. Va la transcripción exacta:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Como se puede ver a simple vista, no es una consulta para juzgar a los expresidentes, aparte de ser una interrogante fútil, que lo mismo puede llevar a poner en la picota a Marcelo Ebrard que a Claudia Sheinbaum, a Venustiano Carranza o a Carlos Salinas.
En realidad, es una tomadura de pelo porque lo que se está preguntado es si se debe cumplir o no la ley y hacerlo pertinentemente, es decir como debe ser. De ahí la banalidad de la forma de la costosa forma de consulta.
El procesamiento de la consulta le corresponde exclusivamente al INE; así lo dispone la Constitución. No está en manos de ningún partido y cualquier injerencia en ese sentido es violatoria de la ley.
Para que esto prospere se van a necesitar 37.2 millones de ciudadanos para que tenga algún efecto, es decir, el 40% del indispensable. López Obrador logró en 2018 únicamente 30 millones, y en la última elección, MORENA menos de 20 millones. Señalo esto para que se vea el tamaño de lo que está en proceso.
El INE no cuenta con un presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para instalar el total de las casillas que se establecieron en la reciente elección. Sólo establecerá 50 mil mesas receptoras, un tercio de las casillas instaladas en la reciente elección, lo que hace previsible que, aun ganando el “sí”, este no sería vinculante, aparte de que ese “sí” no vincula a otra cosa sino a que se cumpla la ley, lo que ya deberían estar haciendo desde hace rato.
Estoy en contra de la impunidad y la corrupción, sostengo que ambas se deben combatir a fondo, pero estoy en desacuerdo en la forma engañosa en la que todo esto se está procesando, al grave costo de desprestigiar las formas directas de participación ciudadana porque no están bien hechas.
