Los empresarios se pronuncian por que “la democracia la construimos todos”, para lo cual imploran que se garanticen procesos limpios e imparciales. Esto lo dicen el Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua, el de Ciudad Juárez, el de Cuauhtémoc, y en las firmas aparece todo el ramillete de organismos patronales, así como la infaltable COPARMEX.
Como intención, es bondadosa, y viene, en la coyuntura, en defensa del Instituto Nacional Electoral, sujeto ahora a infinidad de presiones y a esa pretensión de Andrés Manuel López Obrador de engordar su poder a costa de todos los demás, con la concerniente ambición de golpear y desmantelar al INE, batalla que no ganará, por lo que implica para el futuro de la pluralidad mexicana.
No es la primera vez que el empresariado y sus caciques –porque los tiene y saben tronar el látigo bastante fuerte– hacen un pronunciamiento de esta naturaleza. Tienen bailando ese vals desde hace ya tiempo para defender una democracia condicionada: aquella que se mide exclusivamente por los triunfos que a ellos les placen, ya que a cualquier otro lo detestan.
De alguna manera estos empresarios, me refiero a sus caciques, son el reverso del anverso que ocupa la pretensión autoritaria del presidente de la república. No lo dicen, por razones obvias, y se andan por peteneras hablando de un etéreo poder público, al que se refieren en lenguaje sibilino cuando están frente a una audiencia, porque en privado suelen explayarse más.
Pero eso no es lo más grave. Esa defensa de la legalidad y constitucionalidad del árbitro electoral es abandonada en absoluto desprecio por el Estado de derecho cuando apoyan a María Eugenia Campos Galván a la gubernatura: casi casi dicen: “es delincuente, pero con ella ganamos”, y aquí ganar no solamente significa política, sino billetes, muchos billetes.