Lo he dicho ya en incontables ocasiones: no soy juez ni fiscal; a lo más, me cuento entre un avanzado en contra de la proverbial corrupción que ha imperado en el país y en Chihuahua. Pero más allá de esto, tengo el conocimiento y la convicción de que María Eugenia Campos Galván fue cómplice de César Duarte; en lo político hay evidencias sobradas y, en otro orden, se puede acreditar que fue pagada munificentemente con dinero público.
Esa convicción, subrayo de nuevo, para mi, es imposible que pueda cambiarla. Y hay un hecho, un tanto cuanto marginal si se quiere, de cómo han encarado estos personajes las causas penales trabadas en su contra. Ambos litigan oscilando entre la burda chicana y el cinismo. En confusa noticia, el día de hoy corre la versión de que César Duarte puede regresar al país sin ser detenido. Qué más prueba quieren. En paralelo, Campos Galván labora todos los días para diferir la aplicación de la justicia en su contra, así pretende convertirse en candidata y después en gobernadora, y gritar a los cuatro vientos: “¡aquí no ha pasado nada!”, junto con Duarte, y se burlarían de Chihuahua al paso que vamos.
A esto hemos llegado por el infantilismo, la holganza y la trivialización de la justicia por parte de Javier Corral Jurado y el oportunista Pablo González, que ya compra incienso de otro aroma para empezar a quemarlo en su insaciable búsqueda de poder en el Poder Judicial del Estado.
No cabe duda que con relación a Duarte, Campos Galván y sus abogados valen aquel dicho de que tal palo, tales astillas. Y si lo quieren más bíblico, “por sus obras los conoceréis”.
Mientras tanto, Jaime Ramón Herrera Corral descansa y disfruta de los dividendos que le dejó ser secretario de Hacienda y consejero del tirano Duarte.