La histórica lucha contra la corrupción que se inició en septiembre de 2014 contra el entonces gobernador, César Duarte Jáquez y que comenzó con una denuncia penal aún pendiente de dirimirse en pleno gobierno de Andrés Manuel López Obrador, inició citando un pensamiento del insigne jurista Luigi Ferrajoli, que reproduzco ahora: 

“…nuestro Estado es en realidad un doble Estado, detrás de cuya fachada legal y representativa había crecido un infra-Estado, dotado de sus propios códigos y tributos, organizado en centros de poder ocultos (…) un doble Estado oculto y paralelo que contradecía todos los principios de la democracia política y del Estado de derecho, desde el principio de legalidad al de publicidad, visibilidad, controlabilidad y responsabilidad de los poderes públicos”. 

Pongo esta frase como una especie de telón de fondo para examinar la confrontación en la que se encuentran Javier Corral Jurado y María Eugenia Campos Galván, para advertir que tanto en gobiernos del PRI como del PAN se cuecen habas de la misma especie. Me explico: a ambos les ha importado prácticamente nada sentarse sobre las instituciones para convertirlas en el ring o arena para sus disputas y pugnas interpartidarias. Hicieron a un lado viejos postulados del PAN fundacional, del PAN que abanderó la divisa del “PRI-gobierno”, para repetirnos la dosis que César Duarte sintetizó en su detestable frase: “el poder es para poder”. 

Los linderos que debieran separar al PAN del gobierno se han borrado y, ahora, no obstante la militancia de estos personajes en el mismo partido, se han atrincherado en las instituciones que la sociedad se ha dado para la atención y satisfacción de sus problemas. Pareciera haber un gobierno convertido en partido y un municipio convertido en partido. 

Esto tiene una gravedad superlativa. En primer lugar por el despropósito corralista de querer imponer a Gustavo Madero en la candidatura a gobernador y decretar un continuismo sexenal a partir de 2021, y desde luego, la reacción de la alcaldesa Campos Galván de defender a veinte uñas la posibilidad de representar dicha candidatura. Lo que debiera ser diferendo, disputa o concordia partidaria, se ha convertido en una pugna visceral y en un ramillete de engaños que no tienen los chihuahuenses porqué pagar. 

Se ha dicho hasta el cansancio que Javier Corral tiene en su poder información suficiente para encausar a María Eugenia Campos Galván al ámbito del derecho penal, acusándola de su complicidad con César Duarte y de las canonjías que gozó durante el sexenio de la descomunal corrupción. Y en efecto, tiene esa información, tiene el control de las fiscalías, del Poder Judicial y de los enormes recursos que devienen de su calidad de gobernante. Sólo que hundido en la impericia y la procrastinación, dejó pasar el tiempo de manera miserable para llevar esto a la dimensión de una causa penal libre de toda sospecha por la pugna del poder que ahora vemos en toda su magnitud. Esa información está en manos de él desde antes de que resultara electo, pero por oportunismo, por no resquebrajar a su partido durante la elección de 2016, no dijo absolutamente nada, y su némesis, María Eugenia Campos Galván, empezó a crecer y ahora la disputa es, para el gobernador de la desidia, un juego de perder-perder: si él denuncia los hechos, como sería su responsabilidad y obligación, golpea a su partido; si no lo hace, se autodestruye en sus sueños guajiros de alcance nacional. Pocas veces se ha visto tan acendrada falta de oficio político para encarar un conflicto como el que ahora tenemos. 

Corral cuenta una mentira y luego cuenta otra para taparla. Dice que en Chihuahua no hay justicia selectiva y que se actuará hasta donde tope, pero hechos son amores y no buenas razones. Que esa selectividad existe tiene nombre y apellido: se llama Jaime Ramón Herrera Corral, casi un secretario sin cartera del actual gobierno, que goza de los privilegios de una libertad de la que no es merecedor por sus atropellos al patrimonio público que perpetuó durante el duartismo. Se trata del antiguo secretario de Hacienda que liberaba los recursos para pagar los servicios del PAN que se involucran en el affaire Campos Galván. Esto es demostrable si la causa llega a los tribunales y se hace verdadera justicia, al altísimo costo de perder el refrendo para que el PAN continúe en el gobierno de Chihuahua. 

Hasta ahora, el conflicto que ha crecido exponencialmente sólo exhibe espuma. Se quiere presentar como un diferendo entre un villano y una mujer perseguida, provocando así una derivación hacia la piedad política de la que se quiere beneficiar la alcaldesa. Pero es mucho más que eso, muchísimo más que eso. 

A estas alturas del conflicto hay una demanda central: esto no puede quedar en el artero funcionamiento del “Estado doble”, diluirse en una agencia informal de la que brote, por ejemplo, un “aquí no ha pasado nada”, traducido eso en que Campos Galván se salga con la suya, que se acoja a un criterio de oportunidad que la libere de un juicio más pernicioso para ella y que, como colofón, Madero se convierta en el candidato, sólo para perder, según se escucha por todos lados. 

Eso no puede ser. El tono ríspido de las palabras, la miga esencial del conflicto que es la corrupción reclama que el asunto llegue a los tribunales, que a todo mundo se les respete sus garantías y los debidos procedimientos del caso y que sepamos todos lo que realmente está en el fondo, que la cosa pública tenga trascendencia y conocimiento público. 

No hacerlo así es seguir padeciendo ese “infra-Estado o poder oculto” que se decide por una ínfima minoría y  que nos afecta a todos.