Ahora nos enteramos, en el escándalo Maru Campos, de que Javier Corral en lugar de informar a Chihuahua privilegia a de su partido por medio de Marko Cortés Mendoza, presidente del Comité Ejecutivo Nacional. A él sí le dirige toda una carta explicativa de cómo la alcaldesa, durante el gobierno duartista, recibió 10 millones de pesos de manera indebida. Le da cronología, le explica sus motivos, se autojustifica y exhibe al cien por ciento que el PAN está por encima de todo: de las instituciones, de los aparatos de justicia, de los de fiscalización, pero sobre todo de los ciudadanos de Chihuahua, incluidos los militantes y simpatizantes del PAN, que desean tener en sus manos toda la información. 

Nunca, como ahora, estamos viendo el descaro y la facciosidad de un gobierno en un tema que tiene que ver con una sucesión política; nunca habíamos visto comportamiento tan tosco y de tanto desprecio por la sociedad en un tema tan sensible como es la corrupción política. 

Cuando uno opina de esto, y en estos términos, es porque desea que la verdad florezca, que se sepa quién es quién; y aunque esto debiera establecerse por los jueces, pues a ellos compete esclarecer hechos y dictar sentencias, condenatorias o absolutorias, parece que la opción corralista es mantener el conflicto intramuros de su partido. Pero es un asunto de interés público, tanto que los partidos mismos que viven del presupuesto y de la nómina tienen que responder más allá de los confines de sus fronteras. 

El momento y la coyuntura la escogieron los panistas, Corral a la cabeza, seguido de Campos Galván; ahora sólo nos deben satisfacer una exigencia plena: queremos saber toda la verdad, y ahora sí, caiga quien deba de caer. 

Es el futuro de Chihuahua el que está en juego.