Eduardo Fernández fue designado hoy por Javier Corral como titular de la Secretaría de Salud, en sustitución del recientemente fallecido médico Enrique Grajeda.
Dicho nombramiento se da bajo la sombra del amiguismo que caracteriza a esta administración a punto de fenecer y ocurre justo en momentos en que la crisis de salud provocada por la pandemia del Covid-19 exige el mayor conocimiento posible en la materia.
En lugar de nombrar a un experto en salud, que los hay en el vasto territorio del estado, colocó a Eduardo Fernández, como en los peores tiempos del PRI, un funcionario comodín, porque lo mismo se le asigna a las finanzas que a la administración del aparato policiaco estatal y ahora a la salud.
Con ese nombramiento Javier Corral traiciona además la promesa de campaña signada como parte de un “decálogo” el 16 de abril de 2016 con el Colegio de Médicos de Chihuahua en el que se comprometió a nombrar a un “médico de profesión, preferentemente especialista, y en consenso como el gremio médico” como titular en la Secretaría de Salud.
Eduardo Fernández mantiene un conflicto de interés que ahora se fortalece, pues como secretario de Salud se convierte en integrante de la Junta Directiva de Pensiones Civiles del Estado, dependencia a cargo de su tío Alberto José Herrera González.
Tampoco hay que olvidar que Eduardo Fernández se ha mantenido en la línea de facilitar arreglos entre el gobierno corralista y el empresario Eduardo Almeida, quien es compadre de Javier Corral y fue cómplice y proveedor de César Duarte Jáquez durante esa administración.
Finalmente, el nombramiento de Fernández en la Secretaría de Salud demuestra de nueva cuenta la falta de sensibilidad política del gobernador de Chihuahua ante los problemas que exigen respuestas serias y comprometidas con soluciones posibles.
Desconozco las capacidades y credenciales del recién nombrado secretario de Salud por lo que no debo opinar al respecto.
De lo que sí estoy convencido es que se debe honrar la palabra empeñada. Si no se hace así, estas promesas en en futuro tendrán poco o nulo valor en impactar la credibilidad de los ciudadanos o preciudadanos ( menores de 18 años) cosa ya de por sí consumada en la clase política. Saludos.