De tumbo en tumbo y de fracaso en fracaso, transita el escándalo Vivebús por toda la ciudad de Chihuahua. El gobierno optó por una especie de requisa carente de sustento legal, por lo que es de esperarse que la lucha en tribunales termine con una sentencia adversa a la visión gubernamental. Cuidándose de esto, se han autootorgado un lapso de noventa días, para cambiar la situación jurídica y, por ende, la disputa judicial; y todo esto de alguna manera es lo de menos, en la medida en que se inicie una lucha cívica para imponer las soluciones que favorezcan el interés público, que no es otra cosa que la demanda más extendida, aunque hoy por hoy invertebrada. Los partidos opositores, si quieren actuar con autenticidad deben saber que su lugar es subordinado por la necesidad de extender el reclamo de una solución que trasciende a las visiones de facción política, y desde luego que están en todo su derecho a pronunciarse de similar manera a como lo hizo el PAN mediante una inserción pagada a este respecto.
La solución que hasta ahora prefigura el intervencionismo estatal, tiene un defecto grande: ha convertido un problema de administración pública muy sensible en un problema de policía y fuerza pública, lo que apunta exclusivamente en dirección de otro tumbo o fracaso. Dejar la troncal, por decirlo de alguna manera, la parte menos problemática por contar en su favor con una costosísima obra pública y las mejores unidades que ruedan por la ciudad, en manos de una empresa de carácter público no va a remediar las cosas; si fracasó ayer, nada hay que garantice que no fracase mañana. La historia de la requisa en la etapa de Fernando Baeza es más que aleccionadora. La Dirección de Transporte y aún la operación deben quedar en manos de una institución ciudadanizada y absolutamente distante de los intereses económicos que hay detrás de todo este asunto. Desde el poder se debe aclarar lo que por toda la ciudad se oye en el sentido de que hay una quiebra (concepto técnico que se usa demagógicamente) artificial para propiciar un despojo y que con posterioridad aparezcan dueños que se hicieron de un gran bien a través de malas artes y corrupción política. No se trata de un simple rumor, hay evidencias de este gran despojo.
Pero todo irá a la deriva mientras no se vertebre una lucha cívica que tenga como bandera principal poner orden en este asunto, encontrar una solución definitiva ante la ausencia probada de una intervención gubernamental adecuada y que no vaya acompañada de las consabidas amenazas de la intervención policiaca como ha sucedido hasta ahora. Ninguna solución a este problema se puede hacer despojando derechos y con la amenaza del garrote. Se requiere una política de puertas abiertas que no existe aquí y que además se tiene que transparentar para que todos sepamos qué pasa y por qué. De hecho, brindarles la oportunidad de la secrecía a los intereses, pongamos por caso, de Jorge Doroteo Zapata, es el principio del tráfico de los intereses de la sociedad por los corruptos instalados en el poder.