Puede ser que sea muy temprano o estemos muy distantes del desenlace del escándalo llamado “nómina secreta” destapado por Javier Corral y que afecta centralmente a su partido político si se dan todas las consecuencias inherentes al caso. En primer lugar, por descarrilar la candidatura de la señorita María Eugenia Campos Galván, y en segundo a algunos clérigos de buen nivel de la iglesia católica, con la cual el partido azul tiene afinidades y raíces históricas ineludibles. Estaremos muy pendientes de este affaire y continuaremos opinando al respecto, como es del conocimiento de mis lectores. 

Lo que no debiera estar distante, y creo que es un punto de partida tan obvio como decir que la ciudad de Chihuahua está rodeada por tres cerros: el Grande, el Santa Rosa y el Coronel, es el papel jugado en todo esto por Jaime Ramón Herrera Corral, secretario de Hacienda durante la tiranía duartista. Conforme a la ley, quien ocupa ese cargo por designación del titular del Ejecutivo es el primer responsable de la custodia y protección del patrimonio público, a grado tal que si un secretario de hacienda se aferra a sostener un buen criterio para que los fondos públicos se salvaguarden, ni el mismísimo gobernador podría torcerle la mano. 

Pero no es el caso. Todos sabemos que Herrera Corral llegó para disponer ilegalmente de la Secretaria de Hacienda para fines privados, crear un banco del que iba a ser socio, depositar en una unión de crédito fondos exclusivamente depositables en una institución de banca múltiple, desviar recursos configurando la comisión de varios delitos acumulables de peculado y, en la especie que me ocupa, gratificar a políticos, cómplices, comunicadores, amigos, familiares, clérigos, que hoy figuran en un listado de la dichosa “nómina secreta”. 

Hablo de obviedad, y la hay, porque cómo puede explicarse que quien liberaba los recursos de manera ilegal ni siquiera se mencione en el problema de esa secreta nómina. Lo que hace pensar que hay todavía otra nómina oculta, y en este caso de Corral, con la que se le paga a Jaime Ramón Herrera Corral, al menos con una indebida protección, porque ya hace meses, si no es que años, que debiera estar sujeto a una causa penal y tras las rejas. 

En este caso, y para decirlo en términos sencillos, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. 

En conclusión: no sólo Campos Galván y Cruz Pérez Cuéllar, sino en principio el funcionario público que dispuso de los bienes sabiendo que no había respaldo ni jurídico ni presupuestal alguno. Pero es nuestra convicción de que Javier Corral Jurado no ha entendido el abecé del sentido profundo de la lucha contra la corrupción política.