Aparentemente pasó desapercibido para la prensa en vacaciones, pero trascendió que los ayuntamientos de Juárez y Chihuahua avalaron con sus respectivas mayorías en cabildo la nueva reforma que consolidará la creación del Consejo de la Judicatura con cinco integrantes.

Con esos votos, prácticamente el Congreso del Estado –y se puede agregar que el Ejecutivo– ya no tendrán qué preocuparse para darle trámite a la reforma que requería del concurso de un buen número de municipios, determinado por el número de habitantes, que solitos Juárez y Chihuahua completan.

La miga del asunto está en adivinar (lo cual no es difícil) qué querrán del Poder Judicial doña Maru Campos y don Armando Cabada, a cuya fórmula habría que agregar el tercer factor del poder Ejecutivo en este juego borroso llamado división de poderes. Si por la víspera se anuncian los días venideros, y una vez resuelta la ecuación de los cuántos, seguramente la polémica que se avecina es la de quiénes habrán de integrar el referido Consejo de la Judicatura. Porque podría ocurrir lo mismo que con la Auditoría Superior, o con el ICHITAIP.

Se dice en diversos ámbitos del poder que en la redacción fina de la normativa que dará cuerpo a ese nuevo ente los aspirantes deberán contar con 65 años de edad, ni un día más; edad que, por cierto, ya rebasó desde febrero Lucha Castro, una de las aspirantes. Pero ya ve usted que las interpretaciones jurídicas también tienen sus bemoles. Así es que, señoras y señores, vayan empezando a hacer sus cuentas.

Los trascendidos no escritos indican que dos magistrados que supuestamente figuran para formar parte del Consejo de la Judicatura, Juan Rodríguez Zubiate y Pablo González, no correrán la misma suerte: al primero, con fama de ser más apto, lo quieren tumbar los panistas para montar a González, uno de los suyos, pero dicen que le arruina el apellido el hecho de que se pasea mucho y nunca atiende su sala.

El problema aquí es, como digo, que nuevamente un poder distinto al Ejecutivo vaya a ser influenciado directa o indirectamente desde Palacio para que el Consejo de la Judicatura termine como otras instituciones: soslayando su tarea administrativa y convirtiéndose en un mero órgano depositario del veleidoso humor político del momento.