El uso y abuso de la fuerza pública en la caseta de Sacramento vino a sintetizar el callejón sin salida en que se encuentra el gobierno estatal. Al empleo de la violencia, añadió el dar una explicación muy propia y tradicional de la derecha: hay conflictos porque hay agitadores. No los habría si viviéramos en una sociedad silente y conformista. No van a encontrar eficacia en esa explicación.
En todo Chihuahua hay un gran hartazgo con las carreteras de cuota, de mala calidad y costosas, que violentan además la libertad de tránsito y las servidumbres a que tienen derecho los predios aledaños a Sacramento.
El gobierno de Corral, Peniche y Aparicio se ha puesto al filo de la navaja. Está nervioso y desesperado, advierten que ya se les acabó tanto su tiempo como las oportunidades que tuvieron de hacer las cosas en congruencia con las expectativas que se abrieron con la elección de 2016. Un pasado que se fue por el caño.
Ahora el problema radica en la perspectiva que debe tomar la fuerza popular que cuestiona y contrasta a este gobierno. Como se sabe, está en proceso la posibilidad futura de una revocación de mandato, otros pensamos en una vía rápida que es levantar una insurgencia cívica para exigir al Senado la desaparición de poderes en el estado de Chihuahua y el nombramiento de un gobierno provisional, decidido aquí y que siente las bases para un resurgimiento. Llevamos al menos los gobiernos de Patricio Martínez, Reyes Baeza, César Duarte y el actual, es decir casi un cuarto de siglo, en la desgracia de varias administraciones divorciadas de la sociedad, como para pensar en lo impensable: el relevo de 2021 con más de lo mismo. Esto debe cambiar.
Que no nos vengan con mesas de diálogo, con acuerdos palaciegos, con tentempiés. Hoy la verdad está en la calle y su fuerza motriz está en la organización de los ciudadanos.
Corral y su gobierno se deben ir.