Oficialismo estrena el año con reforma a prisión preventiva oficiosa

Como una puñalada trapera fue la promulgación de la reforma que restablece la prisión preventiva oficiosa, que da aliento a un derecho penal punitivo de corte autoritario y contrario a la visión derechohumanista que se venía abriendo paso en esta materia.

Y es así porque se publica en el Diario Oficial de la Federación precisamente el día 1 de enero, cuando la sociedad andaba de fiesta, sin las posibilidades que se dan en tiempos ordinarios para visualizar este tipo de actos de autoridad. El mensaje de la publicación es totalmente intencional.

En buena parte eso explica que en estos días haya habido muy escasos pronunciamientos de rechazo a esa promulgación, que corona la amplia gama de reformas constitucionales ordenadas por Andrés Manuel López Obrador y refrendadas como compromiso ineludible por la presidenta Sheinbaum.

Esto es algo que merecerá reflexiones de fondo durante los próximos meses, donde se irán recogiendo análisis y pronunciamientos para caracterizar al régimen imperante. Pero tiene mucha importancia puntualizar desde ahora el decreto publicado el día primero del año, que refuerza la pretensión de implantar un derecho penal altamente punitivo y para nada democrático, que contraviene al discurso oficial de tener a México como el país más democrático del mundo.

Es de subrayarse que la única voz que se levantó en contra de esta reforma fue la del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que prácticamente en solitario encaró el hecho con puntualidad, y se percibe la crítica de dar a la publicidad el decreto justo cuando la ciudadanía está adormecida.

Establecer la prisión preventiva oficiosa, aparte de la gravedad que implica en sí misma, se da en un momento en el que las instituciones con un papel protagónico en la materia, o están dentro del oficialismo absoluto al que obedece, como la CNDH, o están ausentes de una reforma a las fiscalías de la república y los estados, sobre todo si tenemos en cuenta la incertidumbre de la reforma judicial en proceso de ejecución, avizorando que habrá un fuerte abstencionismo ciudadano.

Pero dentro de todo esto cobra relevancia el adormecimiento oficialista de la CNDH donde se impuso a la actual titular, Rosario Piedra Ibarra.