Teniendo como antecedente la detención de Juan Antonio González Villaseñor, ordenada por Javier Garfio en un acto de superlativa arbitrariedad, abuso de poder y violación de los derechos humanos, se produjo la insólita declaración de Santiago De la Peña Grajeda, actual Secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, que categóricamente afirmó: “Para poder repartir volantes sí es necesario un permiso, el cual otorga la subdirección de gobernación”. Entrecomillo estas palabras porque así las ha registrado la prensa y no han sido desmentidas por nadie. Empiezo por recordarle a los actuales gobernantes de Chihuahua que la Constitución general de la república, en su artículo 7o dispone, de manera inequívoca, que “Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura…”.
En otras palabras, y como ha sucedido con otros hechos (por ejemplo la agresión a Unión Ciudadana el 28 de febrero y el caso similar al de González Villaseñor ocurrido durante el tercer informe de César Duarte, ambos objeto de queja ante las comisiones nacional y estatal de Derechos Humanos) debe quedar claro que el ejercicio de los derechos fundamentales no está sujeto a ninguna autorización, permiso o licencia de quienes ejercen el poder político, porque precisamente la Constitución es a ellos a quienes está poniendo límites al ejercicio de sus facultades que se acotan bajo la frase de que sólo pueden hacer aquello que les permite la ley. Y en este caso no hay ninguna que disponga que la publicación de un escrito deba contar con la anuencia previa de la autoridad, si es que este concepto les es aplicable a quienes integran el gobierno cerril de Javier Garfio Pacheco.
No debemos permitir que este tipo de actos tiendan a repetirse, van en demérito de las libertades y en protección del despotismo arrogantes de los autoritarios. ¿O acaso Javier Garfio Pacheco pide permiso para ver sus telenovelas preferidas?