Duarte: dos días de enero
Que César Duarte debe separarse del gobierno de Chihuahua es una exigencia que se escucha por todos los rincones del estado. Las causas rebasan con mucho la denuncia penal interpuesta en su contra el 23 de septiembre de 2014, pero el contenido de la acusación en sí mismo es suficiente. Quien crea que la corrupción política se agota en la constitución del Fideicomiso 744743, firmado sin leer, ante Banorte, o en el tráfico de influencias y conflicto de intereses de Jaime Herrera Corral y Carlos Hermosillo, al menos tiene una visión parcial de las cosas, porque la corrupción es mucho mayor y abarca a todas las esferas de la administración pública estatal y se extiende a los poderes municipales cómplices del duartismo. Pero aún faltarían piezas: la tiranía existente que ha borrado la división de poderes, las balanzas y los contrapesos constitucionales para el ejercicio del gobierno, el control de los medios de comunicación a través del bozal de oro, la laceración de la burocracia, la violencia e inseguridad que sólo retóricamente no existe, por señalar otras tantas piezas de lo que pasa en Chihuahua, constituyen una masa crítica que, sumada a la enorme deuda pública, de cuyos fondos todos ignoran su aplicación, da por resultado la necesidad improrrogable de que Duarte haga maletas, se vaya y encare los cargos que las instituciones han de formularle.
Cuando se planteó la denuncia que detonó la movilización ciudadana, se subrayó que se emprendía una apuesta en favor del Derecho y un reto a las instituciones, en un momento particularmente delicado en la vida de la república, por el agotamiento de la paciencia a la corrupción y a la impunidad reinante en el país y cuyas expresiones las encontramos lo mismo en el escándalo de la Casa Blanca, la cancelación de la licitación del tren rápido México-Querétaro, las ejecuciones militares en Tlatlaya, los dolorosos e irresueltos crímenes a los normalistas de Ayotzinapa, la colección de lujosos relojes de César Camacho, el líder nacional priísta, entre otros ejemplos. Pero al igual que lo que sucede en Chihuahua, la república entera padece ya los efectos del fracaso del gobierno de Peña Nieto, como bien lo recapituló en un magistral texto René Delgado en las páginas del periódico Reforma hacia fines del año pasado.
Si tuviésemos que recurrir a una figura gráfica, habría que reconocer que estamos en una encrucijada: se opta por mantener el esquema del pacto de corrupción e impunidad, abriéndole las compuertas a la rebelión política o se decide caminar por el andamiaje que las leyes disponen y negros personajes, como César Duarte, pasan a ocupar el banquillo de los acusados para recibir el merecido castigo. Si a la lógica tuviésemos que acudir, hablaríamos de un dilema que permea lo mismo a quienes tienen el poder que a quienes lo resisten: apostar por el Derecho o imponerse por la fuerza para perpetuar un poder que la república ya no quiere y que en Chihuahua se detesta en la persona del cacique local.
Causas para salir a la calle hay muchas, son razonables, formalmente tienen el abrigo de la ley. En todo caso, lo que falta es el ingrediente de la voluntad política para que la ley se actualice, sirva para algo, en un país que no se ha decidido a incorporarse plenamente al Estado de Derecho. Así las cosas, aquí en Chihuahua Duarte maneja –con franca agresión a la inteligencia común y corriente– que Peña Nieto viene a apoyarle, a darle el espaldarazo, a decirle a Chihuahua que hemos llegado tan bajo que la elemental necesidad de cubrir con el manto de un fuero a un corrupto como Carlos Hermosillo, es suficiente para doblegar a la Procuraduría General de la República en la investigación penal en curso en contra de los poderosos de Chihuahua que azuelan a las instituciones. No exagero: Duarte, a través de sus voceros oficiosos, nos está diciendo que Peña Nieto viene a destapar a Carlos Hermosillo y que el mejor ejemplo de esto es el archivo de la causa penal dirigida centralmente contra Duarte. La mitomanía no tiene límites.
Unión Ciudadana fijó el 15 de enero como conclusión de un plazo perentorio para que Duarte se separe del gobierno, el reclamo va dirigido a su voluntad, de él depende si tiene un ápice de vergüenza. No sabemos qué hará, aunque por la víspera los días. Sólo que esos días van a encontrar al estado en un nivel de movilización sin tregua a la tiranía que se obstina en permanecer en su sitial, aunque de todas partes brote el espontáneo reclamo de poner en su lugar al más exacerbado político corrupto que haya padecido Chihuahua en su historia.
No hay plazo que no se cumpla. Para nosotros ya es 16 de enero y por una sola razón: sería de ingenuos pensar que todo se remediaría con la caída del politicastro, una meta entre otras, importante sin duda, pero el reto es mayor: recuperar la confianza ciudadana a través de un Estado de Derecho que nos libere de la corrupción y la impunidad, para dar paso a un sistema auténtico de rendición de cuentas. Seguimos adelante.
