Si nos guiamos por Noam Chomsky, un Estado fallido es aquel que carece de capacidad para proteger a sus ciudadanos de la violencia. Desde que inició este gobierno de Campos Galván se han recrudecido los homicidios por ejecución, el robo y otros tipos delictivos que golpean directa e indirectamente a la población. Las víctimas ya ni siquiera tienen el impulso de recurrir a la fiscalía y al aparato judicial. A esos brazos del estado los ven prácticamente agotados.
Hay una política de comunicación que se basa en narrar que todo está bien, que le solventa al gobierno el día a día sin ir al fondo: En particular el nuevo fiscal Roberto Fierro Duarte no ha dado pie con bola y si examinamos fríamente el currículo oficial que se circuló hace meses resulta que no tiene tablas para el delicado cargo que ocupa. Si no mal recuerdo lo más cercano a la agenda que tiene entre sus manos es haber sido secretario particular del director del penal de las Islas Marías, en proceso de extinción.
Transita este gobierno en el apoyo de la militarización, que crea más problemas que los que resuelve y además tiene una política comunicacional para repartir culpas la competencia federal de los delitos o abrir un abismo estadístico entre lo que pasa en la ciudad de Chihuahua, gobernada por el panista Marco Bonilla adicto al Facebook y lo que sucede en ciudad Juárez con el panista guinda Cruz Pérez Cuéllar y como si se tratara de dos entes que no forman parte del mismo Estado.
El carácter fallido lo vino a subrayar un twit publicado por las “Madres buscadoras de Sonora” desesperadas por el fracaso en la búsqueda de los 13 de Coyame.
No puede ser más aleccionador ese twit que nos revela el momento en que nos encontramos: las madres victimadas le piden a los jefes de los cárteles que practiquen una virtud hoy bajo sospecha: la piedad.
Transcribo el twit para soportar mi afirmación: “Llamamos a los jefes de los cárteles, no buscamos culpables, no buscamos justicia porque sabemos que no la hay, solo buscamos traer paz a nuestra hogares y a nuestros corazones, esa paz que nos robaron cuando se los llevaron”. El síndrome de Estado fallido está claro: se trata de la ausencia del Estado de derecho que debiera garantizar la gobernadora, su fracasado fiscal y el aparato de justicia permanentemente en entredicho.