Una pregunta corrió con insistencia, en voz baja, en el Congreso de Chihuahua: ¿con qué autoridad, en unos casos, o con qué experiencia, en otros, examinan los diputados a los aspirantes a presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Es válida la interrogante y reconozco que probablemente habrá quien pueda respaldarse adecuadamente para los cuestionamientos a los pretendientes.
Lo que preocupa más, desde mi punto de vista, es que se hable con insistencia de que los dados están cargados y que la decisión ya se cocinó en otra parte. Habrá que esperar los resultados para verificar si tal cosa es cierta.
No extrañaría que como ha sucedido en otros casos –en anticorrupción es verdaderamente ejemplar– quede alguien en calidad de “carnal” del gobernador, pasándose a denigrar la autonomía e independencia que ha de tener, incluso para el Ejecutivo mismo, quien no lo comprende así si atendemos a los precedentes que obran en las designaciones del Poder Judicial, que hoy son motivo de escándalo.
La presidencia de la CEDH no se ha de manchar –esa es la preocupación esencial– con el precedente de haber estado trabajando en el Poder Ejecutivo y en área de colisión precisamente con los derechos humanos. No es sano, dicen los que confunden la política con las ciencias de la salud.