Auditoría Superior: engaño en tiempo real

En las democracias representativas, nuestro país formalmente quedaría incluido entre ellas, es la rendición de cuentas lo que constituye desde el inicio su principal componente. Damos por sentado que si hablamos de democracia, hablamos de gobiernos emanados de la voluntad libre de los ciudadanos en las elecciones; en otras palabras, no basta ser electo por amplia mayoría, pongamos por caso, para pasar la prueba del ácido; a efecto de legitimación, hay que demostrarlo de una manera escrupulosamente responsable. Para llegar a un estadio superior de rendición de cuentas se necesita consolidar el entramado institucional que la hace posible y esto, en el caso chihuahuense que examinaré, no existe. Tiene pertinencia recordar que dos herramientas fundamentales como la transparencia y la misma rendición de cuentas llegaron a la agenda de Estado desde afuera del gobierno, por exigencia social, demostrada con el incansable trabajo de organizaciones civiles que exigieron durante el gobierno de Patricio Martínez una ley que diera acceso a la información pública de manera completa para combatir la secresía y la opacidad que favorecen, a un mismo tiempo, la corrupción y la impunidad. También no hay que borrar de la memoria que más de 20 mil ciudadanos de todo el estado iniciaron una ley para crear el Tribunal Estatal de Cuentas como órgano ciudadano, auditor y fiscalizador. Fue la primera iniciativa de este corte en la historia del país y también la primera que fue reprimida con amenazas y tomando como ariete a una abyecta mayoría de diputados locales que la desechó sin más, cuando era pastoreada por Sergio Martínez Garza.

A los gobiernos del PRI les asustan estos temas, temen que algún día se les ponga en la vitrina para verlos actuar, y más que tengan que responder ante la sociedad por lo que hacen con los recursos públicos, buena parte de ellos producto de la contribución fiscal. El gobierno actual de Chihuahua tiene animadversión por todo esto, pero no ceja en su afán cotidiano de persuadir de lo contrario a los habitantes de esta entidad. Pero los hechos lo desmienten a cada paso, aunque lamentablemente de ellos no se tenga conciencia plena para de ahí pasar a acciones cívicas para proteger el patrimonio de la sociedad encargado al funcionariado. Internacionalmente hay una máxima de fácil comprensión: el auditor y el auditado deben ser diferentes; hermandades, socios accionarios, compadrazgos, padrinazgos, partidarismos deben estar fuera, porque cuando no es así, aún realizando el trabajo con rectitud no se convence a nadie, de tal manera que se no se genera confianza con lo que los gobernantes hagan u omitan.

En el caso de Chihuahua, el auditor Jesús Esparza fue puesto a modo para encabezar la Auditoría Superior del Estado. Un priísta al que le faltaban varios años para concluir su encargo –el inefable Sérbulo Lerma– fue depuesto de su cargo para entregárselo a un amigo del titular del Poder Ejecutivo local y, como se sabe, responsable de un poco más del 90 por ciento de toda la masa que se debe auditar y fiscalizar. Este amigo por supuesto nació en Parral, Chihuahua, y eso que es una marca en esta administración, prácticamente lo dice todo, y cuando señalo esto quiero decir que no tengo nada en contra de los parralenses, pero pareciera que la Constitución marca como requisito, en la lectura del gobernador, que se necesita ser de por allá para ocupar un cargo. Con todo esto, lo que quiero decir es que no hay esa diferenciación que, al no existir, echa por tierra el carácter independiente, autónomo y técnico que la ley le marca a la institución. Igual suerte corre la legalidad, la imparcialidad, la eficiencia, la eficacia y todas esas notas que hacen la auditoría confiable pero en otros países del mundo como Suecia, Noruega o Dinamarca.

El auditor Jesús Esparza presume hacia afuera maravillas envidiables; engaña o pretende hacerlo. Nos habla de que realiza auditoría en tiempo real, esa que se supone puede practicar cualquier ciudadano ahora que está desgarrada la ciudad por la Junta de Aguas, saber cuántas toneladas de tubo se compra, cuánto cuesta, a quién se le compra, cómo se le sepulta, de manera tal que se convierte en ininvestigable el destino que se le da, y todo lo que usted pueda imaginar como una falsedad y una engañifa. Tanto dentro del funcionariado local, y no se diga afuera, se afirma que esa tubería en el nada despreciable 50 por ciento es robada en favor de los propios funcionarios en su círculo más reducido y que a las facturas a los proveedores se les pone un sobreprecio del cien por ciento para crear un fondo repartible, emblemático de una corrupción desmesurada. De la gestión que implica la sectorización para la distribución del agua, ni qué hablar, ¿cuándo sabremos si esa obra tiene una justificación técnica que la hace indispensable? Nunca. Lo que sí sabemos es que en sectores donde antes había agua, ahora simplemente ya no hay. Y vaya usted a saber hacia dónde se desplaza líquido tan importante en un desierto. Pero si usted es conformista, presuma que tenemos auditoría en tiempo real.

¿Y qué es tiempo real? ¿Que usted vea en una pantalla todo un conjunto de facturas? No lo creo. Tiempo real, por ejemplo, es ir al supermercado, comprar medio galón de leche y verificar en el lugar y el momento preciso del producto adquirido, su fecha de caducidad y hacer la reclamación cuando es oportuna y corregible, si fuese el caso. La Auditoría, y lo debe saber Esparza, no puede ser en el tiempo que él festina, puesto que la misma concluye en etapas de un tortuoso procedimiento que se estanca en el Congreso del Estado, y al respecto aporto unos datos:

Al día de hoy, hay 44 cuentas públicas de igual cantidad de municipios que no están dictaminadas, pero no sólo, violando la ley que establece tiempos precisos (tienen un retraso de seis meses), aún es hora de que hechos que corresponde al ejercicio 2012 no han sido sometidos propiamente a la auditoría y la fiscalización que concluye en el Congreso local. Y si a esto le agrega que son las cuentas públicas de entes como Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral, Jiménez, Camargo, Ojinaga, Nuevo Casas Grandes, Delicias por citar algunos, ya se dará cuenta de que el más altísimo porcentaje de dinero público no ha sido sometido a lo que la ley obliga. Entonces: ¿cuál tiempo real? En realidad se trata de una baratija para engañar y persuadir.

Se ha manejado con perversas intenciones que Transparencia Internacional se ha sorprendido por los modelos que tenemos de auditoría y rendición de cuentas. Es ofensivo que se trate así a una institución de reconocido prestigio internacional, que tendría que venir a sorprenderse aquí después de haber visitado países como los nórdicos y otros que nos llevan enorme ventaja en esta materia aquí en Chihuahua, dicen quienes ofenden la inteligencia de los chihuahuenses. Habrá de preguntarse a los directivos del capítulo México de TI si lo que Esparza propala tiene consistencia o miga. No lo creo, por elemental lógica aplicable a la falaz noticia.

La Auditoría Superior del Estado se ha tornado en una especie de ISO-9000 ballezano para expedir certificaciones y, entonces, vemos a Jesús Esparza al lado de José Miguel Salcido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua, entregándole un certificado que lo califica casi con 10; e igual a Jaime Herrera, secretario de Hacienda. No está en la ley que el auditor ande en estos saraos, su obligación es rendirle al Congreso, pero en un mundo de relaciones públicas, apariencias y engaños, nada hay mejor que aparecer entregando un pergamino, más en los tiempos de las graduaciones escolares. Altísimas calificaciones, ¿pero qué hay del nepotismo en el Poder Judicial?, ¿acaso ya se acabó? ¿Piensa Esparza que con una buena foto en primera plana habremos de olvidarnos del conflicto de intereses que afecta al secretario de Hacienda, que trabaja por la mañana en el gobierno y en la tarde en su presunto banco Unión Progreso? En realidad lo que Esparza hace en lugar de auditoría, es montar una mala zarzuela de un género chico, muy chico.

La ley obliga, en materia de rendición de cuentas, no en constatar simplemente cuáles fueron los ingresos y cuáles los egresos, la vieja contabilidad elemental (lo que entró y lo que salió); dispone que debe haber una auditoría de gestión que implica realizar complejas evaluaciones para constatar el cumplimiento de los indicadores contenidos en leyes que tienen que ver con el Presupuesto de Egresos, la contabilidad y el gasto público y además todo lo concerniente a planeación, a fin de determinar si los recursos públicos fueron manejados aparte de con rectitud, con eficiencia, eficacia, economía (las tres “e” legendarias) y además con transparencia. Pero como eso no importa, la asimetría entre una monstruosa burocracia dependiente del Ejecutivo y la sección dentro de la Auditoría Superior se reduce a 11 personas entre el titular, secretarias y algo más. Desde luego todos ellos deudores del favor de quien los nombró y bajo el muy mexicano lema de que el que paga manda. Esto sí demostrable en tiempo real.

Chihuahua seguirá padeciendo de corrupción política nunca antes vista e impunidad, mientras se preserve el actual modelo de auditoría y fiscalización de las finanzas y el patrimonio públicos de corte estrictamente político y más que esto, faccioso. O pregúntese usted: ¿quién le cuida las manos al gobernador? Los priístas que dicen ejercer funciones de contraloría, una auditoría en la que él nombró al auditor y prácticamente a todo su personal y la mayoría de diputados priístas que controlan el Congreso y son amos y señores en la comisión respectiva. Revisan cuando quieren, trafican con las cuentas públicas y una cosa hay de absolutamente cierta: las cuentas del Ejecutivo siempre se aprueban, siempre están bien y nos hablan de que en Chihuahua vivimos en el mejor de los mundos posibles, y a decir de Jesús Esparza, de ello el común de los mortales se puede dar cuenta ni más ni menos que en tiempo real.