Hacia fines de septiembre del año 2014 se inició el combate político y jurídico contra la corrupción representada por César Duarte. En ese tiempo la complacencia de la clase política de todas las expresiones y todos los niveles vivían en un plácido modus operandi con la tiranía. Se abrazaban, se saludaban, convivían en los mismos restaurantes y bebían del mismo vino y, a veces, hasta en la misma copa.

Como tantas cosas buenas que han acontecido en este país, la lucha contra esta corrupción vino de fuera de esa clase política, fue expresión que simultáneamente –en la experiencia reciente de Chihuahua– se vertebró en lo que andando el tiempo se convirtió en Unión Ciudadana, que le ha dado aliento y cuerpo a investigación que conduce ineluctablemente a la obligación de castigar penalmente a César Duarte y a Jaime Ramón Herrera Corral, al menos. Esa investigación está sólidamente documentada ante la antigua Procuraduría General de la República, ahora llamada Fiscalía General de la República. Aquí en Chihuahua, los mismos hechos y las mismas causas están en la Fiscalía de César Augusto Peniche. En una y en otra institución se ha negado el acceso de los ciudadanos a la justicia; al parecer la lucha contra la corrupción se quiere convertir en una en la que sólo participen los que tienen el poder, con exclusión de los ciudadanos.

Hoy, supuestamente, soplan vientos anunciando que pronto –ojalá y nos daría mucho gusto– tendremos a César Horacio Duarte Jáquez sujeto a un debido proceso. Cuando ese día llegue –e insisto, que ojalá llegue pronto–, Unión Ciudadana exigirá estar en la sala del proceso, como actor, no como convidada de piedra. Muchos años de lucha, riesgos y sacrificios la avalan y sólo el despotismo de los que se suman a una causa para convertirse en superiores a esa causa lo puede impedir. 

Ese escollo aquí en Chihuahua se llama Javier Corral Jurado, que contra toda lógica y buen empleo de la razón se ha negado sistemáticamente a conceder una mínima audiencia en una causa de la mayor trascendencia que se inició fuera del poder político, con sobradas pruebas, en un tiempo no electoral y como una apuesta por del derecho en un momento en el que el país empezó a desconfiar de su sentido esencial. 

Unión Ciudadana está presente, no reclama ni medallas, ni pergaminos, pero sí que la justicia conozca y juzgue los hechos que están contenidos en el expediente AP/PGR/UEAF/001/2014.