Lo que los empresarios chihuahuenses quieren es un estado de privilegio en el que el lema dejar hacer, dejar pasar se convierta en ley para que no tengan ni obstáculo ni molestia alguna que les impida la búsqueda sin límites de sus intereses y ganancias. Que los obreros, empleados, trabajadores, titulares de lo que queda del Derecho laboral que se construyó en este país a partir de la promulgación en 1917 en el artículo 123, referente al trabajo y la previsión social, finalmente se abrogue en la práctica y en concreto proponen, obviamente contra aquellos que exigen con la ley en la mano lo que les pertenece, que haya una especie de buró laboral que expida cartas de no antecedentes laborales para proceder a decidir si se emplea o no a un solicitante de trabajo. Tal es lo que en los hechos ha propuesto el Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio aquí en el estado. ¡Habrase visto!
Lo que proponen es la plena y cínica legalización de las listas negras, la relación de hombres o mujeres proscritos para el trabajo. Ni siquiera se dan cuenta que una de las bases sobre las que existe el capitalismo al que ellos pertenecen, es precisamente la libertad del trabajo asalariado. Quieren regresar al tiempo de la servidumbre, del trabajo compulsivamente impuesto o de las tiendas de raya establecidas en otras épocas. No les asiste derecho alguno para que se establezca ese buró y existan esas cartas de no antecedentes laborales.
La autoridad que les recibió la petición debió haberles dicho que transitaban por un camino equivocado y que la ley proscribe. No fue así en un acto de absoluta parcialidad. Los señores empresarios solicitantes de tal aberración quieren marcar un paralelismo con las cartas de no antecedentes penales, imposible de trazar para efectos jurídicamente sustentados. La misma carta de no antecedentes penales ha sido relativizada por resoluciones del Poder Judicial de la Federación. Se puede dar el caso de quien tenga un antecedente penal por el que fue procesado y por el que pagó la ejecución de una pena, que en principio se supone que cubre el precedente para su reinserción en la vida social. Cuando no fuera este el punto obligado de partida, tendríamos en los hechos la existencia de una pena vitalicia por haber cometido un ilícito que ya se solventó conforme a la ley. O en otras palabras: seres humanos que cargan en su cuerpo o ropas estigmas o sambenitos que los hacen inviables para el trabajo. Seres de segunda.
Pero no tan sólo eso. En relación a las cartas de no antecedentes penales hay una tesis, por ejemplo, expedida por un Tribunal Colegiado de Circuito que dispone que no constituye una falta de probidad u honradez el que un trabajador omita informar a su patrón que tiene un antecedente penal, porque en el fondo está la libertad del trabajo, de contratación, y en este caso de empleo. Por lo que andan muy descarriados los empresarios que proponen esta medida discriminatoria que atenta contra la garantía de igualdad, bien definida por la Suprema Corte de Justicia, en relación a temas como la obtención de una licencia especial en favor de una persona física que desea prestar su trabajo en una empresa transportista y el tratamiento que se debe dar a la carta de no antecedentes penales. Insisto, descarriados andan estos empresarios.
Hay una especie de guerra contra el mundo del trabajo asalariado, contra los litigantes que defienden trabajadores –no implica esto tolerancia contra prácticas indebidas en los tribunales– y hasta una declaración pública de considerar asunto de seguridad nacional la problemática laboral, lo que en elemental castellano significa que los empresarios tengan manga ancha para hacer y deshacer con sus empleados, correrlos, firmar contratos en blanco, hojas en blanco para la elaboración de futuras renuncias y desde luego a su entera disposición los tribunales del trabajo. Lo que quieren estos empresarios es hacer y deshacer, como se hacía en el tiempo del capitalismo salvaje, que por cierto tiene gran similitud con el presente.
Establecer cartas de no antecedentes laborales va contra la Constitución y la ley. Viola los derechos humanos consagrados en la Constitución, prohija la discriminación y atenta contra la igualdad de las personas. Cuando digo que andan descarriados se debe entender no para la búsqueda de sus parciales intereses, sino en el ámbito de lo que es el Derecho y la Constitución. Para estos empresarios el Estado de Derecho es una especie de jungla o selva. Por eso su petición no debe pasar.