El abogado Marcos Molina Castro ha publicado una importante carta en la que denuncia la corrupción en el Poder Judicial de la Federación, y especialmente la que abriga y protege la jueza Claudia Guerrero Centeno, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el estado de Chihuahua. En ese texto, que luego vamos a reproducir íntegro, su autor rebate con el argumento de reducir al absurdo el anticonstitucional desempeño de la mencionada funcionaria, que en los hechos ejerce, por consigna, un padrinazgo a favor de Antonio Payán Gómez, propietario de diversos medios identificados con la denominación Omnia y además la dirección del periódico La Crónica, de reciente instalación en Chihuahua. Se trata de un periodista engreído del poder político en la entidad y que vive y se ha enriquecido proverbialmente como profesional de la persuasión en favor del autoritarismo y cobra munificentemente no nada más en el gobierno del estado sino en cuanta dependencia se le autoriza, incluida la Universidad Autónoma de Chihuahua. Su trabajo no es informar, ese compromiso jamás lo ha tenido, sino difamar, calumniar, denostar a quienes resultan incómodos al ejercicio del poder corrupto y corruptor.
En un país en el que hacer periodismo con honradez sólo da para vivir en la medianía económica, la riqueza, bienes y privilegios de Antonio Payán Gómez, hablan claramente del nefasto papel que juega desde hace tiempo aquí en el estado de Chihuahua. Por eso sus ataques ilegales por desapego a la Constitución provocaron que el abogado Molina Castro lo haya demandado por daño moral con el resultado de que la jueza Claudia Guerrero, haya venido en auxilio con un fallo protector a fortalecer la peor burla que ha habido en Chihuahua para denostar lo que realmente es la libertad de expresión. El legendario Francisco Zarco volvería a morir de vergüenza si se enterase de cómo un juez de amparo traiciona las libertades que tanto han costado a este país.
Una cosa debe estar clara, tanto para el pseudoperiodista como para la jueza: las cosas no van a parar donde pretenden dejarlas. Este es un agravio que no se olvida aunque lo archiven en una gaveta secreta del juzgado. Al tiempo.
Aunque sólo se sugiere en el texto de Marcos Molina, es conjeturable que la consigna para dictar el aberrante fallo provenga de los agentes sembrados por Diego Fernández de Cevallos, tanto en la Suprema Corte de Justicia como en la Judicatura adosada a la misma. Será parte de esta historia indagarlo y demostrarlo.
Para que Marcos Molina Castro no se sienta solo en esta causa, que en esencia es de todos, yo también le pregunto a la jueza Claudia Guerrero Centeno: ¿Cuánto le pagaron por su sentencia en favor de Antonio Payán Gómez?, ¿quién le dio la instrucción de proceder de esa manera? Y no es que sea osado, simplemente pienso que si la justicia federal es así, los tribunales de la unión estarán para garantizar la peor de las concepciones de la libertad de expresión que se pueda imaginar.
Este es un caso de anomia que no puede quedar impune.
Va el texto de la carta:
“Periodistas” y “juezas”
No acostumbro ventilar públicamente asuntos privados, ni divulgar mis dudas sobre la honestidad de otros, no obstante asistirme derecho para cuestionar el comportamiento de quienes son funcionarios de gobierno. En diversas ocasiones, por este medio, manifesté mi inconformidad con la administración de justicia en Chihuahua, tanto en los tribunales del fuero común como en los del federal, señalando las deficiencias que percibo en esta función del Estado, soporte teórico de la paz social.
Como prueba irrefutable de la veracidad de mis comentarios vertidos, en absurdo acatamiento de la sentencia dictada en mi contra por la Licenciada Claudia Guerrero Centeno, Juez Décima de Distrito en el Estado, al amparo de su criterio, que anticipada e ilimitadamente me libera de toda responsabilidad por lo que aquí hago público, participo a los lectores de este diario el asunto que reseño, para que cada quien forme su opinión respecto a la calidad de la justicia en Chihuahua y en el país.
El veintinueve de febrero de dos mil doce, radicándose mi demanda en el Juzgado mencionado,reclamé de Antonio Payán Gómez, Diario de Chihuahua y/o Publicaciones del Chuviscar S.A. de C.V., la reparación del daño moral que me causaron al publicar en la columna “Omnia” de los días nueve y diez de enero de ese año, de la autoría del antes mencionado, que como contralor interno de la Comisión Federal de Electricidad me inhabilitaron para desempeñar cargos públicos, por haber dispuesto indebidamente de “algunos” millones de dólares, y que en venganza a esa sanción, defendía a personajes corruptos que litigan en contra de dicho organismo; que además, como extitular de gobernación en la administración de Francisco Barrio me apropié de varios permisos de bares y cantinas, que convertidos en modernos antros, manejo a través de prestanombres.
En juicio demostré la falsedad de dicha imputación periodística y el proceder ilícito y malicioso del autor de “Omnia”, Antonio Payan Gómez, quien afirmó en juicio que por el contenido “político” que atribuye a sus comentarios, solo escribe y edita notas de interés público, acreditando que además de invadir mi vida privada, limitante constitucional y legal de su actividad “profesional”, en el medio periodístico tiene fama de “chayotero”, o sea, mercenario de la información, dedicándose a insultar y denostar, con ánimo de desprestigio, a quienes le instruyen los que contratan sus “servicios”, o a enaltecer a otros que compiten por puestos de gobierno, todo a cambio de prebendas, especialmente de carácter pecuniario, además de otras, origen oscuro al que sus propios colegas atribuyen su reconocida fortaleza económica; en el caso, pagado por los que temen la publicación de un texto que detalla la corrupción que detecté en las contralorías que ocupé en los gobiernos de Fox y Calderón, que comprobé de manera directa, y que debidamente documentado, las editoriales se resisten a imprimir, por lo que lo comisionaron para desacreditarme con sus mentiras para hacer inverosímil mi versión de lo sucedido en dichas administraciones.
La Juez, contra los textos constitucional y legal aplicables, absolvió a los demandados bajo el argumento de que la libertad de expresión, sobre todo en la actividad de los periodistas que ejercen el derecho a la información, es absoluto, irrestricto, y que éstos en ejercicio de ese supuesto derecho tienen plena libertad de molestar, ofender, insultar, denostar, denigrar, humillar y sobajar públicamente a quienes les plazca, que solo pueden rebatirlos en los mismos medios, confrontándolos para que aclaren sus notas, sin tomar en cuenta que los artículos 6º y 7º constitucionales limitan la libertad de escribir y publicar escritos con el “respeto a la vida privada y derechos de terceros”, obligando a los informadores a corroborar la veracidad de los hechos que hacen públicos y revelar su fuente, única manera en que se relevan de la responsabilidad civil por sus escritos, y que en el caso, Payán Gómez pretendió suplir con las vagas expresiones que utilizan los articulistas de su condición, citando como fuentes “hay quienes aseguran”, “ahora dicen”, “incluso aseguran”, lo que por sí mismo era suficiente para condenarlo.
Bajo el criterio de la Jueza, como titular que soy de su equivoca interpretación de la libertad de expresión, a pesar de no ser periodista, e independientemente del resultado que obtenga en los recursos que haré valer contra su decisión, ofensora del honor de los ciudadanos frente a periodistas de baja ralea a que pertenece el demandado, sin el menor temor de ser sancionado le pregunto: ¿Cuánto le pagaron por su sentencia? o ¿Quién le instruyo cómo dictarla?, recordándoles que según su fallo pueden rebatir mis cuestionamientos por este medio, sin que tenga trascendencia si son ciertos o falsos, como en mi perjuicio lo consideró en su sentencia, pues como meras manifestaciones de mi libre expresión, de acuerdo a su tesis, no afectan su reputación y puedo hacerlas libremente.
Inquiero lo anterior porque siendo incondicional el demandado de esos personajes, no extrañaría que, como ha acontecido en otros asuntos, que involucraron a familias o empresarios de alto rango social y económico en el Estado, haya acudido en su auxilio un alto funcionario, miembro de importante despacho a nivel nacional, al que hasta hace días le servía de enclave dentro del Poder Judicial de la Federación, donde la única ley que aplica es la del “toma y daca”, y si Antonio Payán Gómez, les cobra por sus notas “periodísticas”, es de suponer que el precio incluye protección frente a las eventuales demandas que por los excesos sobre pedido que comete, se le presenten.
En fin, espero que cuando judicialmente se ventile esta opinión, los tribunales federales mantengan su amplia concepción de la libertad de expresión, y que entonces, en vía de defensa me exoneren de los agravios que con esta misiva pueda ocasionar a las personas que menciono.
Marcos Molina Castro.