El régimen de corrupción e impunidad imperante en el país usa de la mentira y el engaño para solapar políticos y gobernantes. Miseria y cinismo se dan la mano cuando de cobijar a sus prohombres se trata, como en el caso de César Duarte, Jaime Herrera Corral y Carlos Hermosillo Arteaga. Ese régimen piensa que así derrotará la insurgencia ciudadana que prácticamente en todo el país ha visualizado la corrupción como uno de los grandes males de la nación y se aboca en un proceso largo y complejo a darle la batalla. Seguramente estará en el campo que se abrirá con motivos de las elecciones en 2018.

Un acto sin precedente fue la negativa de la Procuraduría General de la República a reconocer la existencia de una investigación contenida en los expedientes AP/PGR/Chih/Jua/2143/2014-VI-A y AP/PGR/UEAF/001/2014-09. Para ellos, eso pasó a ser la nada si leemos los informes que se rindieron ante el Juzgado Quinto de Distrito en materia penal de la Ciudad de México, en el amparo que promoví y que se sustancia en el expediente 138/2017.

Se trata de un alquímico informe que por obra y gracia de la magia quiere desaparecer dos años y medio de trabajo en las propias oficinas de la PGR en la capital del país. Estamos en presencia de un agravio e insulto a la inteligencia de todos los chihuahuenses que saben a ciencia cierta que esa investigación contra el corrupto gobernador no sólo existe jurídicamente, sino que en ella hay materia penal que debe llegar a los tribunales para que el tirano y su cofradía paguen las deudas que aquí han dejado con el desgobierno caciquil que tuvieron en sus manos a lo largo de seis años.

La estrategia de la PGR es cansar a Unión Ciudadana y a quienes preconizamos el combate a la corrupción. De más está decirlo, que se trata de un intento que fracasará porque ha de convocar a la sociedad a una lucha mayor para colocar al Estado de derecho en el centro de esta delicada causa que ha tenido la simpatía de buena parte de la gente de esta región.

Para que mejor se visualice lo que aquí se escribe, podríamos decir que la PGR pudo recurrir a argumentos más “elegantes”, como afirmar que sigue trabajando la causa, que le ha sido insuficiente el tiempo y que hay diligencias que aún se están practicando, en aliento de una futura resolución que pudiera ser el archivar el expediente o, cual debe ser, consignarlo sin más a un tribunal competente.

Pero no, prefirió negarlo todo, juzgarnos como locos que imaginamos expedientes en trámite ante la propia PGR, pues así trata de cubrirse para ocultar que desde sus oficinas y a lo largo de más de dos años y medio que se reclaman, no han tenido voluntad de ir en contra de sus correligionarios, de sus compadres, de los políticos con los que comparten canonjías y prebendas que se obtienen a través de la desviación política y ética de la Constitución que muy claramente establece que las constituciones están creadas para el beneficio del pueblo, no para la caterva burocrática corrompida.

La semana que se iniciará mañana, quizá nos depare un acto de justicia del Poder Judicial de la Federación, concediéndonos un amparo y protección para que, el derecho al acceso a la justicia y que esta sea pronto y expedita, se convierta en una realidad, que los chihuahuenses obtengan el amparo del que habla José Morelos y Pavón y que tanto se presume en los muros de las oficinas de la justicia federal. Pero también quizá esta semana seamos testigos de una monstruosidad jurídica si el juez nos niega esa protección, recurrible desde luego. Haremos todo lo que la ley nos permite, agotáremos todas las herramientas que estén a nuestro alcance; pero también, si queremos ganar, debemos luchar con esfuerzos renovados y, exigir que las instituciones estatales tomen este expediente como legítima exigencia de una sociedad harta de la corrupción y reclamen al procurador general de la república que no mienta.

Estamos de pie.