En los últimos días y con motivo de la presencia de agentes de la Auditoría Superior del Estado en el Supremo Tribunal de Justicia, se ha abierto una secuela de desinformación que conviene precisar en sus términos. Todo el poder público –gobierno del estado, Congreso, Supremo Tribunal, ayuntamientos, organismos autónomos, descentralizados, personas físicas u organizaciones civiles que cuenten en su haber recursos del estado– debe ser auditado a fondo a efecto de garantizar transparencia y rendición de cuentas como un mecanismo para fincar responsabilidades. Nadie está fuera en esta materia y manejar el concepto de que la división de poderes es tal que hay instituciones intocables, es un absurdo completo. Esta es una verdad archisabida y entre nosotros también tiene mucho de teoría y literatura. El problema de fondo es cómo se emplea la auditoría a efecto de presionar política y autoritariamente a quienes se encuentren en falta, para tener esto como mecanismo de reacomodo político y, las más de las veces, de construcción de nuevas complicidades.
En realidad, en el estado de Chihuahua hasta ahora no hay ni auditoría ni fiscalización eficaces, particularmente en el Poder Ejecutivo que es el que maneja más del 90 por ciento de los recursos públicos. Ambas tareas del estado –auditar y fiscalizar– deben alcanzar a todo mundo que tenga en su poder recursos públicos y deba responder por ellos. El problema está cuando dichas funciones se emplean para la coacción y como una arma política con fines aviesos, como suele suceder aquí, que para mayor comprensión hay que tomar en cuenta que no hay una autonomía real de la auditoría; las instituciones involucradas en todo esto están así: no hay distinción entre auditor y auditado, ambos pertenecen a un poder priísta, con Congreso priísta mayoritario y, para decirlo muy gráficamente, con un auditor netamente parralense al frente de la institución, Jesús Manuel Esparza por más dato.