Que Unión Ciudadana puso como primer punto de agenda política la corrupción, es evidente; y que su acción va abriendo cada día nuevos capítulos que la confirman, es inobjetable. De inicio ya podemos afirmar que la lucha ha dado frutos, a pesar de la provocación, la intimidación y la violencia que se ha ejercido en su contra. Recapitulemos en la coyuntura cuando menos tres hechos: el discurso opositor se tiñó de la demanda de llevar “al vulgar ladrón a la cárcel”; la convocatoria ciudadana del 22 de junio, que demostró el repudio al duartismo y a la que se dio una respuesta desproporcionada de la fuerza pública, existiendo ahora la amenaza de la represión por la vía penal; y lo que hoy pretendemos tocar como tema de esta columna: los pronunciamientos hechos por Jesús Manuel Esparza Flores, actual auditor superior del estado por voluntad precisamente del cacique y la obsequiosidad de una legislatura del Congreso del Estado absolutamente doblegada; doblegada en todos sus componentes partidarios.

Empezaré por subrayar una obviedad. Detrás de la amplia entrevista que El Heraldo de Chihuahua le hizo a Esparza Flores (20-VI-2016), está su pretensión de continuar al frente de una institución básica que nunca debió ocupar, ya que llegó como pieza de la misma corrupción e impunidad que se supone debió combatir y no lo hizo. Hay una razón de principio: cuando llegó este funcionario, otro igual que él, Sérbulo Lerma, había sido designado para un periodo completo transexenal, y fue depuesto para colocar al compadre, al paisano, al cómplice que hoy pretende hablar maravillas sin credibilidad alguna. En el fondo está el principio de que el auditor debe ser distinto del auditado, en este caso centralmente del Poder Ejecutivo que ejerce más del 90 por ciento del presupuesto.

En Chihuahua hemos tenido los últimos 18 años, sin excepción, esta ominosa realidad: gobiernos priístas, mayorías legislativas priístas, comisiones de vigilancia y fiscalización priístas, y auditor priísta, precisamente del corte de Esparza Flores. Este personaje no se explica en el lugar que hoy ocupa si no es por la voluntad del cacicazgo que ahí lo llevó. Se distingue por simular de los dientes para afuera que pretende hacer las cosas bien, pero los hechos hablan muy claramente y no sale bien librado.

Jugó a la complicidad y en esta coyuntura nos viene a decir que cuando menos 30 funcionarios (no proporciona nombres) debieran estar bajo proceso penal por corrupción, y que el patrimonio público debía haberse resarcido con 500 millones de pesos de los que se despojó a la sociedad. Ahora afirma que el Poder Legislativo es una simple mesa de negociación política; lo que no nos dice es que él ha formado parte de esa mesa, patrocinando la impunidad, y viene a declarar algo que ya se sabe de mucho tiempo atrás y para lo cual no ha habido correctivo; canta la hipocresía de que siendo él un gato persecutor de ratones, la puerta de la madriguera se la ha cerrado ni más ni menos que la política de un Congreso absolutamente dependiente de quien lo llevó al cargo. Viene a reconocer además lo que todo mundo sabemos: el fracaso de la lucha contra la corrupción y se vale del sobado argumento de que es un problema de percepción, de comunicación social, de relaciones públicas. Por tanto, si Duarte está señalado por corrupto es porque el Facebook se ha encargado de denostarlo. Falacia total, y aún así trata de proteger su imagen, aduciendo que carece de fuero.

Aunque la corrupción imperante en Chihuahua es burda, hecha por gente que nos recuerda los mecanismos de expoliación de que se echó mano durante la acumulación originaria del capital, nos habla de la sofisticación de la misma, de las argucias para hacerla prácticamente invisible; más no nos dice que haya echado mano de sus mejores habilidades para hacerla imposible y llevarla transparente a la sociedad para facilitar la cultura ciudadana de la denuncia.

Tengo para mí que con la entrevista Jesús Manuel Esparza Flores se está poniendo en la vitrina para que un cazador de talentos (headhunter foxista) lo vea en una dimensión que le de permanencia a su encargo, traicionado encargo. Será responsabilidad de los que vienen hacer el ajuste correspondiente, con la ley en la mano y con el arte de hacer política, para desembocar en una auditoría y concretamente en un auditor que no tenga compromisos ni políticos, partidarios, ni de negocios con los que vengan. Ese es un reclamo social creciente; además, cubrir la legislación anticorrupción en congruencia con lo que dispongan las leyes federales y las que desde aquí, en uso de una autonomía fecunda, se puedan dictar para la defensa del patrimonio público, porque la corrupción fue el núcleo de una denuncia que prodigó votos y echó al PRI del palacio.

El esfuerzo histórico por tener instituciones de fiscalización, de auditoría y rendición de cuentas, tiene al menos tres precedentes a tomar en cuenta: la reforma constitucional de la época de Francisco Barrio, cuando se cancelaron los finiquitos de la impunidad (como la ley no hace la realidad, prácticamente continuaron); la iniciativa popular de más de 20 mil ciudadanos para crear el Tribunal Estatal de Cuentas, que arrancó en 1998 y la sofocó con amenazas de muerte Patricio Martínez García; y la creación de la Auditoría Superior del Estado, si bien no con todos los dientes que se quisieran, que decretó la legislatura con la que arrancó el gobierno del mediocre José Reyes Baeza y que naufragó cuando tanto los diputados del PAN como los del PT, y no se diga los del PRI, impusieron a Sérbulo Lerma como su primer titular, anunciando que el dinero lo cuidan los mismos miembros de la casa, lo que en España se describe como amarrar los perros con longaniza.

Un mejor mañana en materia de auditoría pública empezará cuando Jesús Manuel Esparza Flores sea mandado a paseo, por más que se autoelogie y se ponga en la vitrina para aparentar ser lo que no es. Como es una lucha largamente impulsada por el que esto escribe, estaré pendiente, muy pendiente.