A estas alturas, el fiscal general del estado, Jorge González Nicolás, debe estar muy ocupado armando una respuesta con la que intentará ser congruente para explicar a la ciudadanía las “muertes circunstanciales” (así las llamó su subordinado en la Zona Centro Sur, Octavio Ledezma) de una familia casi completa durante el enfrentamiento a balazos suscitado en la vivienda de ésta, ubicada en un fraccionamiento al norte de Delicias, Chihuahua, entre policías, militares y el hombre armado que se refugió ahí, supuesto pariente de las víctimas.

Hasta hoy sigue habiendo más preguntas que respuestas. Esto ocurre, precisamente, en los momentos en los que se fortalece la versión de que el director de la Policía Estatal Única, Pablo Ernesto Rocha Acosta, está a punto de ser despedido por razones que igualmente carecen de certeza. Sin embargo el tema de las muertes en el fuego cruzado entre policías y militares contra un delincuente, Juan de Dios Carrasco Domínguez, alias El Gallero, identificado como supuesto miembro de los llamados Autodefensas de Michoacán, parece haber pasado a un segundo plano, desplazado precisamente por el pánico y la zozobra que provocó el intercambio de fuego en el que un padre de familia, Gerardo Salas, y sus dos hijos de 4 y 6 años, fallecieron, además del delincuente mismo.

Aun cuando Ledezma afirmó que el abatimiento de Carrasco fue producto de un “trabajo de inteligencia” (sic), las crónicas de los hechos y los primeros testimonios periodísticos revelan que “los policías se vieron obligados a repeler la agresión, desconociendo éstos que se encontraban los menores dentro de la casa”. Y existen testimonios en los que se dice que los niños imploraban el cese al fuego. “Se escuchaba: ‘¡Ejército mexicano, ya llegamos, entrégate! ¡Te damos cinco segundos para que salgas o vamos entrar a matarte!’”, fue la consigna, según un testigo anónimo. Es decir, policías y militares tiraron a dar, pero sin ton ni son. Lo grotesco es ver, en un video que se difundió en internet, cómo los policías retiran a los curiosos –algunos inmutables ante las ráfagas cercanas– con una frase tan burda como estremecedora y que los desnuda de cuerpo entero: “¡Retírense!, ¡se acabó la fiesta!”. En un caso así, ¿no es parte de la formación policiaca o militar prever este tipo de eventualidades? Pero eso sí, hasta se dijo que habían puesto en marcha “un protocolo” para contener al agresor que finalmente terminó acribillado.

No se sabe si esto trascienda a un nivel de indignación entres los delicienses, porque da hasta para que se extienda estatal y nacionalmente, en principio porque la Fiscalía General, a través de sus voceros, tácitamente involucra a la familia de El Gallero al menos como cómplice de sus fechorías al mantener en la vivienda referida un arsenal, drogas, anfetaminas y varios aparatos de telecomunicación, como celulares. La vivienda, se dijo, es propiedad de la prima de aquel y es esposa de Gerardo Salas, muerto en el acto con sus dos pequeños hijos. Ella se salvó porque a esa hora de la madrugada, a las 5:30 de ese jueves 12 de mayo, ya se había ido a laborar.

Lo cierto es que hay temor entre los propios agentes del orden por deslindarse parcialmente de los hechos. Por ejemplo, la Policía Municipal de Delicias indicó que sólo se dedicó a a acordonar el área, nada más.

Ya parece común en el lenguaje del fiscal González Nicolás el decir que “no pasa nada” frente a crímenes masivos en la sierra. Habrá que esperar a ver si no repite, como ya lo hizo su subordinado en Delicias, que las muertes de una familia fueron “daños colaterales”. En Guachochi ya pidieron la destitución del fiscal. Ante este otro hecho ominoso y, por lo que se observa, contaminado de negligencia, los delicienses bien podrían exigirlo también. Pero no solo, también debiera venir acompañada de la exigencia de fincar responsabilidades al fiscal general.