El silencio de la CNDH en Chihuahua
Todo se puede esperar de César Duarte, que un día, ya con el cargo de gobernador, hizo la defensa de la pena de ahorcamiento. Dio muestra de que si alguna vez pasó por alguna escuela de Derecho, no le dio mayor consecuencia a la obra de la Ilustración, que reorientó el derecho penal como algo más que un simple catálogo de castigos plenamente inquisitoriales. Por eso no me extraña que recientemente haya pronunciado la frase: “derechos humanos sí, pero primero sostenemos a los humanos derechos”. Insisto, para mí no es noticia esa deleznable fraseología. Lo que sí me deja pasmado es que lo dijo ante la presencia de los presidentes de la comisiones estatal y nacional de los Derechos Humanos, representadas por José Luis Armendáriz y Luis Raúl González Pérez, respectivamente, durante la inauguración del Foro Internacional de Derechos Humanos, celebrado aquí en Chihuahua, y ambos se quedaron callados ante el terrible dislate, que si fuera un simple lapsus calami quedaría en el folclor que caracteriza a nuestra ignorante clase política. Pero no fue así. Duarte no tan sólo tiene una deficiente concepción de los derechos humanos, está en contra de los principios que les dan vida.
Más allá de los almibarados protocolos de estos eventos, los presidentes de las comisiones aludidas debieron haber hecho una moción para aclarar, aunque bien sé que del primero no se puede esperar nada por su servidumbre, cuando menos el segundo por su nivel institucional, su trayectoria y su formación, cometió una grave falta al no enmendarle la plana a Duarte, dejando pasar las cosas como si nada hubiera pasado. Demuestra así González Pérez que llegó a un cargo abriendo buenas expectativas, pero ha ido de tumbo en tumbo y este de Chihuahua no es menor.
Se trata, ni más ni menos, de poner en su lugar a la soterrada o abierta pugnacidad contra los derechos humanos que encabezan los funcionarios públicos federales y estatales que están en desacuerdo con ellos porque los consideran un obstáculo para gobernar. Esto significa que no están en la comodidad o tiranía que permite dar un manotazo y “arreglar” las cosas, sino que deben deponer sus ansias caciquiles para actuar en la sociedad con respeto a los derechos, ya que el derecho no es un obstáculo sino el andamiaje de la política para relacionar poder y ciudadanía.
Los principios de los derechos humanos desmienten de extremo a extremo la falaz frase de Duarte, que quiso ser efectista, ingeniosa, pero que en realidad contiene la negación de la esencia misma de la Constitución en la materia que me ocupa. Reseñaré unos cuantos criterios consagrados en esta materia. No hay nada que valga cuando se violenta o vulnera el principio de universalidad de los derechos humanos; no es que algunas personas estén antes o después, sino reconocer que esos derechos tan preciados valen para todos y de manera igual. Transitar por una senda diferente es patrocinar la discriminación por los diversos motivos imaginables, porque desde la óptica de un gobernante está su arbitraria visión de que unos están al principio y otros después.
En este aspecto queda claro que el discurso duartista pretende establecer una estratificación entre las personas, lo que es absolutamente contrario a nuestras leyes vigentes. Y en esto se esconde un debate de falacias al que recurren frecuentemente los tiranos, muy del gusto de la derecha política: es falso el antagonismo entre los derechos de las víctimas del delito y el derecho de los delincuentes o presuntos delincuentes. A esta conclusión se llega cuando se lee la “Declaración y Programa de Acción de Viena” que surgió de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en 1993, instrumento del cual cito lo siguiente: “La promoción y protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional, deben ser universales y llevarse a cabo de manera incondicional”. Declaración absolutamente clara.
Como bien se sabe, los derechos humanos están cimentados en el reconocimiento de la dignidad inherente a todo ser humano, y esa es su esencia y principio, que llevadas a sus últimas consecuencias vertebran el ideal del Estado de derecho, tan preciado y necesario en un país con gobernantes que descreen de la Constitución, porque precisamente los derechos humanos les estorban para imponerse de manera que quisieran incontrastable. El mismo César Duarte, cuando se le castigue por sus crímenes, tendrá sus derechos y se le han de respetar. Él precisamente no es un virtuoso del cumplimiento de la ley, o como pretendió que le creyéramos, “un humano derecho”. Su gobierno se ha caracterizado por la violación sistemática a estos derechos, como lo demuestra la impunidad de la corrupción política, las desapariciones forzadas, la violación de la independencia de los jueces y magistrados, la tortura, la amenaza sistemática a disidentes y opositores de su gobierno, el despido masivo de burócratas, para sólo poner un ramillete de ejemplos.
Cuando César Duarte habla frente al presidente de la CNDH en la forma que lo hizo y sin el más mínimo reproche, se percata uno de bulto que funcionarios como Luis Raúl González Pérez son absolutamente proclives a incorporarse a los compromisos de la vulgar cortesanía, que privilegia las relaciones públicas a través de las cuales en este país se conservan los cargos y las recomendaciones para perpetuarse en ellos. Desde luego que no estoy pensando que González Pérez diera una ríspida interpelación, pero sí poner los puntos sobre las íes, porque lo que está fuera de toda duda, si llegara a prevalecer el planteamiento duartista, él le ordenaría a una gente de su absoluta dependencia que formara unos seres humanos en una fila y a otros en otra para tasarlos de manera diferente y, obviamente, sin ningún criterio jurídicamente sustentado en todas las normas que derivan hoy de la aplicación del artículo 1 de la Constitución General de la República. Ir en contra de la universalidad de los derechos, insisto, es tanto como denostar la igualdad, establecer la discriminación, estratificar a las personas y pensar que la dignidad humana es plastilina en la mano de los poderosos y que el derecho no vale nada.
No desconozco que al seno de la sociedad todavía se sostienen pedestres criterios en esta materia; basta y sobra que el mismo Duarte ha propuesto la pena de ahorcamiento, para entender que todavía hay profesantes de la venganza privada. Pero el comportamiento de un funcionario con un cierto nivel de estadista –el gobernador de Chihuahua está lejos de esto– siempre debe levantar la voz para poner las cosas en su lugar. Y ya vimos, no sin lamentar, que Luis Raúl González Pérez vino a Chihuahua con un zíper en la boca, y al parecer con sendos corchos en las orejas.
