El juez de garantías, Guillermo Gómez Cortez, del Distrito Judicial Mina del Estado, atinó al presentar una queja ante el Tribunal Superior de Justicia con motivo de la reciente designación de José Miguel Salcido Romero como secretario de Educación en la administración del cacique César Duarte. Cuando digo atinó lo que quiero señalar es que actuó con pertinencia, en acatamiento de un deber posicional por ser parte de la judicatura y porque la miga esencial de su reclamo tiene un profundo sustento constitucional. Para nadie, incluido en esto hasta la gente más sencilla, quedó al descubierto la violación al principio de la división de poderes, por lo cual el pleno del tribunal mencionado debe sustanciar la instancia abierta y aplicar la más severa de las sanciones que esté a su alcance. Esto en el ámbito jurídico, porque pasando al político resulta una obviedad que no debemos permitir que el impostor Salcido regrese a su cargo; sería una desfachatez que después de haber humillado como nunca nadie antes lo hizo al Poder Judicial, regresara a ocupar el cargo del que abdicó por conveniencia y politiquería. Al juez de garantías, Guillermo Gómez Cortez, debemos prestarle una contundente solidaridad, ya que es previsible que la jauría se vaya en su contra. Es importante tener en cuenta el acompañamiento de este trabajo de contención al autoritarismo del abogado Maclovio Murillo. Se impone estar pendientes y dar seguimiento a este caso.

Utilitarismo y safiedad en el Congreso local

Entre el ruin utilitarismo propio de la corrupción política y la safia superficialidad se mueven los diputados priístas al Congreso local. En el primer rubro cae el junior y mirrey pueblerino, Rodrigo de la Rosa, quien presentó una iniciativa para establecer facultades en favor del municipio en materia de tenencia y uso de la tierra en las áreas donde se dan asentamientos urbanos sobre terrenos de índole ejidal. De que se trata de usar una función pública de representación para corrompidos intereses propios, tenemos dos datos que recordar: tanto Rodrigo, pero sobre todo su padre, Leonel de la Rosa –actual encargado de Desarrollo Rural, aunque de esto poco sepa– se han dedicado a medrar con conocido ejido conurbado a la ciudad de Chihuahua; es ya un lugar común esta historia en la vida pública de esta ciudad, por una parte. Por la otra, se sabe que el junior aspira a ser presidente municipal de Chihuahua, y cómo no, seguir acrecentando sus ganancias por el tráfico inmobiliario del que se ha beneficiado a ciencia y paciencia del gobierno y desgracia de los campesinos que dicen abanderar.

Además está la safiedad del diputado Luis Fernando Rodríguez Giner, quien subió a tribuna una iniciativa de decreto para bautizar algunas calles de algunos municipios con los nombres de dos policías, Julián de Santiago Armendáriz y Alan Servando Ríos Márquez, caídos en el cumplimiento del deber. En realidad acrecentar la nomenclatura con nombres que posteriormente nadie sabrá explicar, es insubstancial. La safiedad está en que tales decisiones se pueden realizar a través de una simple misiva o gestión directa en los cabildos; pero no, hay que hacer estadística de haber pasado por la tribuna, con insulsas propuestas como la cuestionada aquí. Pero qué podemos pedirle a un diputado de la catadura de Rodríguez Giner, siervo del caciquismo, y con antecedentes militaristas que incluyen sangre tupamara, dicho sin desdoro de los que lo fueron en Uruguay.