La foto en que aparece el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Maurilio Ochoa Millán, recibiendo un reconocimiento por su “participación en la difusión y aplicación de la cultura de la legalidad” es casi de ensueño. El empresario, que ha escalado desde la venta de sus huevos a la función pública, sonríe ante la cámara mientras sostiene la placa con forma del estado de Chihuahua que le entrega en mano el fiscal especializado en Seguridad Pública y Prevención del Delito, Martín Zermeño Muñoz.
Detrás de este reconocimiento mutuo entre amigos del club duartista, otorgado en noviembre pasado, se esconde una realidad incómoda con la que desayuna diariamente la corrupción y la impunidad: ni Maurilio Ochoa Millán ni Martín Zermeño son, precisamente, los adalides del respeto a la legalidad. El primero acaba de ser denunciado por robo y daños (querella número 45-2015-0000908) por la dueña de una granja, denominada San Miguel, ubicada en el municipio de Meoqui, que el empresario y funcionario le rentaba a su familia para producir el huevo que comercializa desde hace años, inclusive como proveedor del municipio de Chihuahua, según se acusó en la administración anterior. Esta familia afectada, encabezada por Sandra Lucía Zertuche, se plantó hace ya una semana frente al Palacio de Gobierno para exigir a Duarte que obligue a Ochoa Millán a no evadir su responsabilidad.
Zermeño Muñoz, por su parte, fue acusado por egresados de una universidad patito, llamada “Instituto Internacional de Periodismo”, de no validar sus estudios luego de tres años de concluida la primera generación. En una carta divulgada en mayo de este año, los afectados, agrupados en la nombrada “Fraternidad de Periodistas La Verdad”, se hace ver que Zermeño es socio fundador y solicitan al fiscal general, Jorge González Nicolás y a otras autoridades, como al secretario de Educación, Marcelo González Tachiquín, actúen en consecuencia.
Pero, como dice el refrán, entre gitanos no se leen las cartas, sólo que estos gitanos (con perdón de los gitanos) no sólo no se acusan entre sí, sino que hasta reconocimientos se otorgan. Maurilio Ochoa Millán, quien ha negado tener una denuncia en su contra por parte de la familia Zertuche y haber cobrado un seguro millonario sin aplicarlo a los daños que aquella le demanda, tuvo la osadía de expresar, a la hora de recibir el reconocimiento de Martín Zermeño por la implementación del programa “Revivo mi espacio”: “La cultura de la legalidad no debe ser sólo una moda entre la sociedad donde se difunden valores como una regla fundamental”. Y como, según él, es muy ecológico, remató: “A Chihuahua le apostamos todos donde como ejemplo el cuidar un árbol y plantarlo es también una forma de aplicar la legalidad cuidando la ecología”.
Zermeño no se quedó atrás. Tras repartir 37 plaquitas más a sus amigos del circulito rojo duartista, entre otros, a la UACH, la CEDH y hasta –vaya cinismo– al mismísimo Tribunal Superior de Justicia, cuya presidencia en manos de Miguel Salcido es una impostura, dijo: “La cultura de la legalidad llegó a Chihuahua desde hace cinco años generando un ejército de buenos ciudadanos para convertirse en una forma más de vida”. En esto último sí acertó el fiscal de Prevención: el decir una cosa y actuar de otra forma es, en efecto, una forma más de vida. O más claro, como decían las abuelitas: de lengua me como un plato.