El Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC) que dirige el empresario Luis Lara Armendáriz con apoyo fiscal del erario chihuahuense, pasó de la apología al duartismo a la introducción de la duda en torno a lo que hay en materia de seguridad pública aquí en el estado. Se subrayan tres rubros observados con el carácter de indicador monitoreado. Homicidios: en los últimos dos meses “sugieren” que se avanza en la dirección correcta; robo de autos con violencia: los resultados les parecen favorables; y señalan con foco rojo el robo de negocios con violencia, donde advierten un aumento sostenido desde mediados de 2014.

Ya en el desglose del informe que circuló a plana completa en los diarios impresos, se advierte en torno a homicidios, secuestros y extorsión “que no debemos estar conformes con lo que hay”. Además, marcan el crecimiento de la incidencia de delitos contra el patrimonio. Lo cito textualmente: “El robo a negocios con violencia nos hace encender un foco rojo de alerta, pues cerró el primer cuarto del año 2015 con cifras superiores a las del periodo del 2010: 67 de ese año contra 119 actual. Lo que llama la atención es que se habían alcanzado metas favorables en el combate a ese delito los años pasados, ya que en el mismo periodo del 2013 se registraron 29 casos y en el del 2014 fueron 39. El incremento de este delito en los últimos dos años ha sido de un 310 por ciento. El robo a negocios sin violencia también cerró el periodo con un alza que genera preocupación: pasó de 148 en enero-abril del 2010 a 191 en el mismo lapso de este año”.

Llama la atención este dato: “El aumento de robos a casa habitación con violencia, delito que puede ser uno de los principales factores de inseguridad y de inestabilidad social, pues la ciudadanía queda con la impresión de que ni en su hogar está seguro. (Se pasó) de 10 casos registrados en enero-abril de 2010 a 14 en el mismo periodo del 2015, mientras que la incidencia de robo a casa habitación sin violencia pasó de 177 a 213 en la comparación de ambos años”.

Más allá de la crítica que podamos hacer a FICOSEC, tanto por sus metodologías como por los intereses sesgados a que sirve, tomamos los datos como un referente para realizar una reflexión, y para esto me permito hacer una digresión a una clasificación de la corrupción política que por colores se reconoce internacionalmente: blanca, la muy habitual mordida que se da a un agente de Vialidad para evitar una multa; negra, es la de grandes proporciones, como el despojo que padeció el país cuando todos los mexicanos tuvimos que rescatar a los banqueros; y gris, que es la intermedia y que tiene que ver con muchos negocios en la proveeduría, las licitaciones, compensaciones a funcionarios, compra de servicios aeronáuticos, emisión amañada de títulos académicos, reclutamiento fraudulento de funcionarios, sobornos a directores de periódicos, etc. La más dañina, según los politólogos que han hecho esta clasificación es la gris, porque logra construir una enorme red de complicidades bien remuneradas que prácticamente forman una escuadra con elevados recursos que trabajan en contra de los intereses de la sociedad, sobre todo en materia de elecciones democráticas.

Si quisiéramos amoldarnos a esa clasificación, tendríamos que hay inseguridad pública negra (Salvárcar, Urique, Creel, Leyzaola), blanca (liberación de narcomenudistas, padrinazgo a pandillas de barriada), y gris, que es precisamente la más peligrosa porque es la que se realiza a infinidad de establecimientos comerciales pequeños, asaltos y robos a casas habitación, daño al patrimonio (robo sistemático de llantas de automóvil) y que es la que existencialmente preocupa y tiene en jaque a la población entera porque genera un ambiente que casi se corta con cuchillo en el que nadie está seguro en ninguna parte, salvo en las elitistas zonas residenciales amuralladas y con servicios de seguridad propios. Las cifras que aporta FICOSEC, y desde luego sin proponérselo, son las que nos dicen que la sociedad chihuahuense tiene absolutamente como falso el discurso duartista de que ya vivimos en la paz, de que ya se recuperaron los espacios de la sociedad y todas las lindezas sobre las que se construye la retórica del engaño en Chihuahua.

Ya nadie cree que porque haya un decomiso de varias toneladas de mariguana, o porque se aprehenda a un capo al que se le asigna una importancia especial, eso se traduzca en la seguridad tan cacaraqueada. Si se sabe que al tendero de la esquina lo robaron, o que al vecino le desvalijaron su casa, o que simplemente no puede visitar el parque después de las siete y media de la noche, también se sabe que estamos en un maremagnum de violencia e inseguridad frente al cual el Estado ni quiere ni puede poner remedio.

En realidad, lo que duele es la inmediatez que se padece con la inseguridad, la ausencia de vigilancia policiaca solicitada por los vecinos ante la negligencia extrema, la parálisis que caracteriza a los cuerpos policiacos a la hora de que su elemental disuasión puede servir de algo y el conocimiento de bulto, en la cotidianidad ordinaria, de que la delincuencia hace y deshace ahí en el vecindario. En todos los vecindarios, salvo los que viven tras de una muralla, entre ellos el propio jefe de FICOSEC. Cuánta razón tuvo aquel filósofo que dijo que no se ven las cosas igual desde la ventana de un castillo que desde el quinto patio de la memorable canción que hizo famosa Emilio Tuero.

Los empresarios contra la minigubernatura

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Diversos organismos empresariales, particularmente de la fronteriza Ciudad Juárez –por algo será–, le han puesto objeción, y por ende sitio, a la pretensión de César Duarte de modificar la Constitución del Estado para que haya una próxima gubernatura de dos años y en un futuro distante reiniciar los sexenios. Los firmantes de un desplegado donde hacen patente su sentir, sugieren argumentos y, desde luego, muestran intereses de diversa índole, económicos y políticos. Y tienen derecho a ello. Un repaso a sus afirmaciones indica preocupación por una reforma “a todas luces innecesaria”, con el consecuente desacuerdo. Pero no se quedan ahí. Acusan falta de seriedad en los diputados, carencia de justificación sólida para llevar a efecto el cambio legislativo.

Además, una gubernatura de dos años no ofrece un tiempo suficiente, en concepto de ellos, para elaborar un plan o integrar un equipo de trabajo, de ahí su carácter intrascendente. Se afectarían programas sociales, freno político, económico y social que ofrece riesgos al desarrollo económico. Aunado a ello, la inestabilidad política que trae el acotar los liderazgos con la incertidumbre que se genera para las inversiones públicas y privadas. Esa inestabilidad también la llevan a los temas de inseguridad, justicia y al ámbito laboral donde resulta más que destacable que los empresarios perciban a la burocracia ignorante y carente de profesionalismo al sugerir lo que significaría un costo en la curva de aprendizaje, para nada aprovechable, si se interrumpe en dos años.

Tibios a la hora de expresar sus posturas, manifiestan que les “preocupa sobremanera” que esto se pueda consolidar en ley. Se orientan, finalmente, por una especie de Constitución rígida cuando dicen haber aceptado que la próxima sea de cinco años, como ya se había decidido, para empatar una elección federal con las generales que se celebrarían en lo local.

Recapitulo la opinión empresarial para enfatizar que las pretensiones de lo que ya se conoce como la minigubernatura otros le han llamado de manera más elegante, pero no menos peligrosa, interregno, entre la despedida al sexenio de Duarte (si no es que se cae antes) y las ambiciones de éste de erigirse en una especie de Jefe Máximo u hombre fuerte en la política estatal, para empedrar un camino a sus guajiros sueños de algún día llegar a Los Pinos. Sin necesidad, en Balleza los hay, y reales.

Tres cosas quiero poner en relieve. La primera tiene que ver con cerrarle el paso a esta práctica de convertir la Constitución del Estado en una especie de estatuto de una sociedad de alumnos o una precaria sociedad mercantil. Con la Constitución no se juega y quien lo hace debe pagarlo, porque lo que muestra son ambiciones de poder que para nada representan intereses colectivos. La segunda, que se debe subir de tono el rechazo público, y en este sentido los firmantes del empresariado están jugando un rol importante que debe pasar a un desafío frontal frente a la arrogancia del poder. Y la tercera, agarrar el toro por los cuernos, pues no es, de ninguna manera, el Congreso del Estado, y en particular su actual legislatura, sino César Duarte el que está atrás de esta pretensión y a él hay que reclamarle. No son las hortensias ni los rodriguitos quienes tienen este tema entre sus manos, máxime que hay disidencia para que la reforma prospere, tanto así que una señora que ocupa la presidencia estatal del PRI, ya dijo que respetará las opiniones de sus agentes en el Congreso.

No quiero, finalmente, entrar en una digresión sobre el tema de las constituciones flexibles y las rígidas, en torno a las cuales la obra de James Bryce es aleccionadora cuando dice que han sido las rígidas las que se estiman como las características de la democracia y, por una razón, esta la agrego de mi cosecha, porque tan importantes textos políticos no deben ser ni plastilina en las manos de los tiranos, ni modificables a placer para la satisfacción de los propios intereses de un solo hombre.