¿Cuál es la forma más justa de emitir un juicio sobre un país? La más simple: sobre la base de su sistema judicial. —S. J. Lec
El poder Judicial del estado debe dejar de ser una intendencia política del poder Ejecutivo. No hay ni puede haber real consolidación de la democracia si no se tiene en favor de la sociedad entera un poder Judicial independiente, autónomo, profesional. Se trata, sin duda, de uno de los anhelos más caros del país que sólo a cuentagotas, con modestos avances y enormes regresiones, tenemos en México. Desde luego que el poder Judicial federal está en un sitio y la diversidad de poderes judiciales de las entidades en otros, que van de la abyección a la independencia relativa; pero a decir verdad y revisando estudios realizados al respecto, los estados de la unión y del Distrito Federal constituyen una suerte de abigarrado mosaico en el que hay de todo. Este comentario me permite el panorama para observar lo que tenemos en Chihuahua, y me permite afirmar que en realidad aquí las cosas van mal, por más que se hable de innovaciones y reformas que cojean porque no hay una auténtica voluntad reformadora ni reformadores que se hagan cargo de la innovación y que además lo hagan a fondo. Nuestro poder Judicial, y quiero decir el estrato de poder que lo dirige, siempre está atento de los deseos del Ejecutivo, de sus recomendaciones que se toman como órdenes y del tráfico de influencia que bien reseñó hace unos días el abogado postulante Marcos Molina Castro.
Hasta ahora y cuando nos aproximamos a los doscientos años de la fundación de la primera república federal, ningún presidente del Supremo Tribunal de Justicia ha sido electo por sus pares y en uso de una facultad fundamental de la división de poderes. En realidad, el poder Judicial se concibe como una emanación del Ejecutivo y con una intervención simbólica del Legislativo. Por tanto, su investidura está permanentemente bajo sospecha por no cimentarse como lo prescribe la ley. Aunque en estos casos el señalamiento de excepciones, que siempre las hay, no tiene pertinencia porque bien sabemos que las mismas se cuentan con los dedos de las manos, y sobran dedos, y como este texto va en dirección de una crítica y no de una alabanza es que me convoca a realizar un comentario la reciente entrevista que el periódico El Heraldo le hizo al señor José Alberto Vázquez Quintero, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado. La entrevista es importante porque el mismo director de este periódico, conjuntamente con Marisol Marín, la calzan con su firma, obviamente reproduciendo lo que dijo el funcionario, en unas ocasiones con el énfasis que dan las comillas y en otras sin ellas.
A la entrevista le falta contexto sobre todo donde las interrogantes tienen carácter clave y las respuestas también. Me permito contextualizar, a riesgo de no tener todos los elementos. La historia reciente nos auxiliará: Javier Ramírez Benítez, el anterior presidente no alcanzó la reelección porque en su contra se interpuso un veto de una mayoría de magistrados que no soportaron más el horrible naufragio a que había llevado el poder Judicial al entregarse a César Duarte de una manera tal y nunca vista antes. No tan sólo desnaturalizó su encargo, lo que es más grave, sino que el mensaje hacia la sociedad fue de un entreguismo lacayuno y extremo, pues asistía hasta a las asambleas seccionales del PRI. De afuera hacia adentro del poder Judicial había un repudio generalizado, aunque lamentablemente no se expresó, con el talento, honradez y valentía que se requería. Conjeturo que Duarte estaba en un nicho de confort con Ramírez Benítez, pero llegado el momento lo sacrificó lisa y llanamente con el saldo de que quienes tuvieron capacidad de veto carecieron de capacidad para postular y sacar adelante un proyecto alternativo, y entonces, como suele suceder, y esta es una lección de la historia en momentos de equilibrio catastrófico, emergió una candidatura que a la postre se consolidó y es la del propio presidente actual. Se comprobó que el azar en política sí juega un papel.
Pero la asunción de Vázquez Quintero no dejó satisfechos a los actores que intervinieron y desde que protestó el cargo, se recurre al expediente de su salud debilitada para catalogarlo de eminentemente transitorio y siempre en un tris de abandonar el cargo para que venga otro a consolidar el poderío del actual titular del Ejecutivo.
En ese marco termina de construirse la Sala de Control Constitucional, que se le entrega, por orden de Duarte Jáquez, a Miguel Salcido Romero, expresidente del Tribunal Estatal Electoral y con un pasado de ambigüedad partidaria, que a reserva de mejor término, hoy lo catalogo como priísta azul, aunque cuando llegó al TEE sus tonalidades miméticas le permitieron catapultado por Acción Nacional. Así las cosas, Salcido no tardó en asumir su cargo -escaso trabajo y munificente pago- en una dualidad de delfín que sólo espera el acomodo de las piezas para sustituir a Vázquez Quintero. Con ese puerto despejado empezó a navegar: no pocos trataron con él asuntos que no eran ni son de su incumbencia, prendiéndole veladoras como a un ungido, acometiendo en agencias informales lo que la ley define claramente en su formalidad. Se habló, también, de mandar a sus casas a los magistrados jubilables para conformar un elenco nuevo con miras a consolidar la presencia de un hombre fuerte en Chihuahua, en este caso Duarte Jáquez, que se empeña en trascender más allá de su mandato. Sueño inútil.
Salcido Romero, tras bambalinas, trabaja para ocupar el cargo de Vázquez Quintero y a la mayor brevedad. Al más puro estilo de los regímenes autoritarios, lo quieren enfermar para que se vaya con un buen pretexto. Hay quienes esbozan la hipótesis de que podría haber un brevísimo interinato para empedrarle el camino a Salcido Romero y que no se vea que de buenas a primeras asume un cargo, en franca ejecución de una consigna que hiera casi de muerte a un poder Judicial que no ha sabido levantarse para serlo. Se afanan, trabajan con sigilo, en cercanía con los hombres de confianza de Duarte Jáquez, excluyen a los mejores, y con sordidez hasta pueden ganar la partida, sólo para demostrar que la presidencia del STJ es un juguete en manos del gobernador y que, al igual que a Rodolfo Acosta Muñoz, le confeccionaron especialmente una ley para que ocupara el cargo que comento, a éste le crean una sala, lo eligen para una gran tarea, y como el señor trae tanta prisa, la abandona para hacerse cargo de las indicaciones de un aspirante a cacique transexenal, apoderándose de la presidencia de una institución y de una buena parte de los integrantes de su pleno tribunalicio.
Pero he aquí que el hombre del azar no está en la quietud que se le supone. Aquí es donde juega un papel central la entrevista a José Alberto Vázquez Quintero, que enfático declaró: “No voy a renunciar a mi cargo. La ley establece un periodo muy claro de tres años para la presidencia y llegué para cumplir con ese tiempo… tengo una cirugía de agosto del año pasado… y una secuela de polio desde la edad de un año. Estos cuarenta años en el poder Judicial… no me han impedido desarrollar mis actividades dentro de sus exigencias”. Si estas palabras no están manchadas en su pureza semiótica, ni habrá interinato ni Salcido irá a la presidencia. Y para los escasos rangos del quehacer político local, eso es saludable. A Vázquez Quintero jamás lo he tratado y los asuntos de trascendencia pública en los que él ha participado, me han ubicado en el polo opuesto, por tanto, no realizo ninguna apología, simplemente quiero subrayar dos cosas: que cuando se atenta contra la dignidad de un persona, creyendo que es plastilina en manos del poder, se dan estas respuestas y, la otra, hecho político indiscutible, se le trunca la carrera a alguien que ufanándose del poder cree que se puede brincar desde afuera del poder Judicial hasta su cima y sólo abrigando un despreciable proyecto político que si se consumara hablaría de suyo de la putrefacción de una institución tan necesaria en los rasgos que esbocé al inicio de este texto.
Hay quienes dicen que Vázquez Quintero se irá tan pronto le truenen los dedos y que su argumentación en la entrevista es eminentemente retórica. En un país como México claro que esto es posible, sucede, ha sucedido y continuará sucediendo. Pero uno se pregunta qué necesidad tiene una persona de afirmar ahora lo que va a negar mañana, en cosas tan elementales como prevalecer en una encomienda conferida para tres años y que además tiene la enorme ventaja de marcarle límites al poder intervencionista que ha destrozado a la institución garante.
Los detractores embozados del actual presidente, los que le desean se vaya a su casa a reposar y reponerse de sus males, sobre todo el ambicioso Salcido Romero, sabe que el poder de su paisano y cacique inició la cuenta regresiva, que probablemente lo que hoy tiene como ventaja mañana será estigma y que un aferramiento en su proyecto de poder a lo único que conduce es a minar la independencia de un poder que todos queremos que lo sea en favor de la sociedad y de los que claman justicia.
Pero, para lo que empezó como un simple azar y continúa hasta hoy como una decisión inequívoca, que dé frutos, necesita ir más allá: con reformas, limpieza, proscripción del nepotismo, profesionalismo y liquidar la discriminación y persecución en contra de quienes se empeñan de que el poder Judicial cumpla su papel. Por lo pronto, la permanencia de Vázquez Quintero en el cargo, así sea en una dimensión milimétrica, le marca límites al poder desbordado e irracional del proyecto Duarte-Salcido. Y tengo para mí que no está nada mal. Ojalá y no sea un simple episodio de la ya larga tragedia.