El jueves de la semana que concluyó, se publicó el movimiento de ingresos y egresos que realizó el gobierno del estado de Chihuahua del 1 al 31 de agosto de este año, que recién llegó al otoño. A primera vista son más las dudas que deja el curso que mantienen las finanzas que la transparencia que se aparenta con estos comunicados a los que nadie pone atención, porque es precisamente lo que busca el equipo gobernante, que en esto se maneja con la misma ausencia de rendición de cuentas que todos los anteriores.
No me voy a referir a la debilidad estructural de la entidad producto del imperio de la Ley de Coordinación Fiscal, los múltiples acuerdos y convenios con el ejecutivo federal y los claroscuros que se han venido arrastrando en relación al impuesto sobre nóminas, con el que se lanza el mensaje de una transacción con el sector empresarial de Chihuahua, que impone sus condiciones para manejar una caricatura de mini estado llamado FECHAC.
Preferentemente examinaré lo que tiene que ver con la deuda con bancos, y la impericia, deliberada, de los funcionarios que encabezan la Secretaría de Hacienda que sustituyó a la antigua Dirección de Finanzas, que mostró sin duda mayor empaque, sin que el elogio sea pródigo.
Durante el mes de agosto se pagó a deudores y acreedores (centralmente bancos) la cantidad en pesos y números cerrados de 215 millones, evidentemente una carga que representa un debilitamiento en gastos prioritarios en otros ramos. Veamos ejemplos: esa cifra es prácticamente la quinta parte de lo que se gasta en educación (mil millones), mucho más del doble de lo que se invierte en colegios de Bachilleres (88 millones), menos de lo que se destina en el ICHISAL (162 millones). Mientras la rebanada bancaria es de ese tamaño la UACH recibió 258 millones y la UACJ 237. La asimetría con Pensiones Civiles es notable, pues recibe 215 millones y la inversión en obra pública rezagada con 53 millones, aunque complementada con 166 millones en el rubro de ordenamiento territorial, donde viene un capítulo de deuda pública adicional de 412 millones, que inexplicablemente no se consigna en cuentas de balance. En todo esto hay un reborujo muy grande por el diseño del presupuesto mismo y esto constituye un jeroglífico para los ciudadanos.
Mientras la deuda alcanza los rasgos señalados lo destinado a los 66 municipios (1265 millones) es verdaderamente bochornoso.
Ahí están las cifras y qué bueno sería que los colegios de contadores públicos y de economistas hicieran presencia pública explicando todo esto a la sociedad está por demás que los medios no cubren este rol, en particular, se les paga para que así actúen. El gobierno jamás lo hará, no le conviene.
En la coyuntura que hemos vivido, resalta que al exgobernador Javier Corral se le investiga por la renegociación de deuda pública, contratando a modo costosas asesorías y a decir del TEJA motivo de corrupción, pero también y a cuentagotas, el secretario de Hacienda José Granillo Vázquez ha dicho que está en este momento renegociando deuda y seguramente está contratando costosas asesorías, a parte de ser un firmón que depende del calderonista Ernesto Cordero y por el cual recibe muy buenos dividendos.
De manera débil pero sostenida, en Chihuahua se había empezado a consolidar un equipo de hacendistas y fiscalistas que destruyó César Duarte para allanarle camino a la corrupción que luego se hizo patente cuando la dependencia se entregó a Jaime Ramón Herrera Corral, hasta ahora impune por sus delitos.
Hoy con Granillo Vázquez, que de pronto ya tiene título de máster, navega al garete, solapa corruptelas, permite que se cobren impuestos en la oficina particular de la gobernadora y otras lindezas. Pero esta y otras lacras las seguiremos viendo mientras no haya una reforma de fondo, profesional, un rescate de las propias fuentes tributarias y una relación equitativa con el centralismo. Todo eso será para las calendas griegas.