En la basta historia del constitucionalismo moderno hay dos capítulos  a los que se les da un peso relativamente débil. En primer lugar las reflexiones en torno al derecho a la revolución y no muy lejos de eso cómo reformar un código político fundamental y quiénes tienen la facultad de hacerlo.

Ambos temas están emparentados de alguna manera ya que a fin de cuentas tienen que ver con las modificaciones de fondo en la legislación constitucional que se pretende, en un caso por la vía de la rebelión o la revolución y en el otro el de la reforma, que suele ser acompasado y gradual no por ello sencillo como suele pensarse.

Son clásicas las obras que versan sobre la clasificación de las constituciones entre rígidas y flexibles y pienso que ese encuadramiento es valedero  para los países que otorgan a la Constitución un carácter  serio, fundacional y de grandes principios que dan cohesión a naciones y Estados, dotándolas de pautas para resolver grandes conflictos o problemas estructurales. En este sentido es proverbial el ejemplo de los Estados Unidos que cuenta con una Constitución casi tres veces centenaria  y con muy escasas reformas, se podría decir las indispensables porque datan históricamente del momento en que nació, en la inmediatez de la independencia  de la Corona inglesa.

En las antípodas se encuentra la Constitución mexicana, ya que aquí ni siquiera se tiene registro exacto de cuántas reformas ha recibido el código de Querétaro de 1917. Añadido a esto está que el país ha tenido alrededor de cinco o seis constituciones que preceden a la muy desfigurada que hoy tenemos. Esto a pesar de que las que mayor vigencia han tenido, la de 1857 y la de 1917 siguieron el ejemplo de la norteamericana, mas no se pusieron en servidumbre simplona del copia y pega.

Ahora que tenemos en presencia la forma frívola, antipolítica y grotesca lluvia de reformas, impulsadas desde el Ejecutivo hacia un Congreso de la Unión absolutamente servil, no nos queda más que afirmar que la Constitución mexicana más que flexible es una especie  de moldeable plastilina en manos del oficialismo morenista que destruye instituciones más que fortalecer a las mismas, amparados en el recurso pueril de estimar las pasadas elecciones como un mandato imperativo resultado de un plebiscito. Hay que decirlo y fuerte la elección de junio fue electoral y se respeta pero ni más ni menos. Pretender darle una lectura plebiscitaria es sin más una retórica al servicio del poder y, andando el tiempo, de la destrucción, por el acrecentamiento de un presidencialismo sin contrapesos.

A todo, absolutamente a todo, se le quiere dar un rango constitucional  al estilo que lo hizo el PRI en su larga estadía en el poder. En el caso actual la amplia gama de iniciativas que López Obrador presentó el 5 de febrero de este año, no se le quiere cambiar ni una coma haciendo del Código básico del país sin darse cuenta que será una camisa de fuerza en lo inmediato para la presidenta electa aunque ella se muestre muy confortable a los pies del presidente tabasqueño. 

Todas las iniciativas seguirán el patrón que observamos a la hora de “discutir”  la reforma judicial. El Congreso no es la arena parlamentaria en la que los intereses contrapuesto se expresen y se tomen en cuenta. La premura de hacerle regalos al presidente que fenece ha aceitado bien una aplanadora legislativa y lo demás es lo de menos. 

Ni rigidez inflexibilidad constitucional, por el contrario capricho que se impone a la fuerza y la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de pasar la Guardia Nacional a dependencia de la SEDENA es más que grave, y grave será todo lo que viene. En lo de la Guardia Nacional no se vio la transgresión a convenios y tratados internacionales en los que el país trabó compromisos en favor de los civiles, el privilegio del fuero militar se mantiene, la fiscalización y la transparencia de los actos de la Guardia Nacional no serán fiscalizables o será muy difícil trasparentarlos y en medio de todo eso estará la debilidad en la que quedan los derechos humanos de los mexicanos y arrodillados estados y municipios. 

Con todo esto lo que viene será un régimen autoritario dependiente de la fuerzas armadas que en el momento que quieran pasarán a ser aspirantes al poder absoluto convirtiéndose en una especie de guardia pretoriana. Heredarán al futuro un Estado tan monstruoso que a la derecha y a los fascistas les vendrá como anillo al dedo.

El Constituyente permanente mexicano tiene un componente local, al salir el decreto del Congreso de la Unión pasa a la sanción, al menos mayoritaria, de las legislaturas de los estados donde tema tan relevante se procesa de la manera más aberrante, como el caso oaxaqueño que en poco menos de 8 minutos votó la reforma judicial como un asunto de trámite y pronta resolución.

No se dan cuenta los diputados de las legislaturas locales que están cavando la propia tumba de sus estados frente a un poder absolutamente centralista. 

Hoy nuestra Constitución alcanza el grosor de un Código Civil, probablemente sea el Código político con más artículos transitorios. Vivimos en el régimen de la parchología constitucional como diría el extinto político Muñoz Ledo. 

Y cuando todo está así Claudia Sheinbaum pretende seducir al país poniéndole un segundo piso a la manida cuarta transformación.