Como se ha dicho por los gobernantes desde hace ya muchísimo tiempo, todo lo que tiene que ver con pozos petroleros, refinerías, aeropuertos, gasoductos y más, están protegidos bajo el manto de la seguridad nacional, bajo la custodia del gobierno central con la concurrencia colaborativa de las entidades federativas, para evitar contratiempos que afectarían a toda la economía y la sociedad.
En particular, ya se ha convertido en un mal endémico lo que se se conoce como huachicol, el robo de diversos combustibles por parte de organizaciones criminales que no se descarta cuenten con la connivencia de funcionarios públicos, incluidas policías y militares.
Este robo que afecta la economía del país, ya ha provocado tragedias como la de enero de 2019 en Tlahuelilpan, Hidalgo. Sirva esto como antecedente para comentar que esa actividad delincuencial ha llegado a Chihuahua, con todas sus consecuencias, en especial por las muertes y enfrentamientos que ha provocado, convirtiéndose en un fenómeno que empieza a preocupar de manera destacada y a generar conflictos del gobierno local con el federal.
En la mesa de seguridad en Chihuahua recientemente se tomó como agenda principal este problema, donde sólo vemos fracaso, ausencia del gobierno federal e ineptitud de Gilberto Loya, cuando no complicidad, o actitudes irresponsables, como la de los funcionarios de PEMEX que señalan que este fenómeno se sujeta a reglas de confidencialidad.
Por lo pronto, el problema tiende a agravarse entre los ductos que unen esta ciudad con Juárez, zonas neurálgicas de la economía que no pueden estar en abandono de la seguridad.
Y una pregunta parece que es clave para comprender este fenómeno: habrá Guardia Nacional, policía del estado o algún helicóptero que vigile todo el tramo de los ductos, para prevenir la delincuencia, máxime contando con planos precisos?
De la respuesta a esta pregunta se desprende que hay incuria y descuido, o negocio.