Para que se haya publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, es decir, el Diario de Chihuahua, quiere decir está grave el asunto.
Me refiero a la denuncia por estafa que tuvo como escenario el Tribunal Superior de Justicia del Estado que encabeza formalmente Myriam Hernández, y a la investigación que la Fiscalía General realiza en contra de Claudia Gabriela R. V., quien es secretaria de sala, con adscripción a una comisión que técnicamente se encarga de medidas disciplinarias.
Al parecer Claudia Gabriela se dedica al contrato de mutuo con interés, es decir, prestamista y usurera, que maneja una caja de ahorros de la cual son tributarios decenas de trabajadores de la institución. Parece que prometió los clásicos altos rendimientos por depositarle en su caja y se niega a pagar tanto el capital como los réditos.
Vale decir que goza de la garantía de presunción de inocencia, pero también afirmar que cuando el río suena es porque agua trae.
No es extraño que suceda eso a ciencia y paciencia de la presidenta del tribunal, sus magistrados, el Consejo de la Judicatura, pues cuando una institución está en decadencia, depende servilmente de otro poder, realizar mal las convocatorias para elegir magistrados, postular para ese cargo a María Ávila, entre otros impresentables, lógico es pensar que lo que priva es una especie de China libre en la que cualquiera se puede dedicar a actividades fraudulentas, como las que se investigan ahora.
Por lo pronto, el periódico al que me refiero hace un símil de este hecho con el caso Aras, que desde luego tiene una dimensión mayor y probablemente el curso de ambos acontecimientos quedará en la nada, como es ya costumbre.
De más está decir que se vaya al fondo.